En esta columna propongo una medida prioritaria que permitirá avanzar en resolver un importante problema del sistema educativo: la falta de educación de calidad para los niños de hogares de bajo nivel socioeconómico. Hoy se anuncian programas e iniciativas, pero no permitirán avanzar mucho, ya que se implementan en el espíritu, y en el contexto, de un sistema errónea e innecesariamente reformado en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. No podemos esperar mejores resultados si no hacemos varios cambios en cómo funciona el sistema.

¿Por qué dicha reforma radical era innecesaria? Porque, en mi opinión, el sistema educativo a principios de los 2010 estaba bien direccionado y uno podía ser optimista respecto de su desempeño futuro; quizás el ritmo de avance era lento, pero había avances. Notablemente, para esos años el sistema educativo chileno se había transformado en el mejor sistema educativo de América Latina. Ambas afirmaciones permiten darnos cuenta de que una reforma tan profunda como la que ocurrió era innecesaria.

Ahora necesitamos retomar el camino que se estaba cursando previo a la reforma de 2015. Lo más importante a este respecto es que se estaba considerando una perfección de la subvención preferencial. Debemos proceder con ella. Quiero explicar ahora por qué dicha reforma debiera realizarse pronto.

Un problema crucial del sistema de educación en Chile es que los alumnos de menor nivel socioeconómico son los que más dificultad tienen para acceder a colegios de buena calidad. Las reformas de 2015 no lo resolvieron y más bien empeoraron esta carencia, al destruir los liceos emblemáticos como proveedores de educación de calidad. Esto es lamentable, ya que uno esperaría que los sistemas financiados por fondos públicos sean capaces de generar similares oportunidades para todos los niños, independientemente de su nivel socioeconómico. Pero no basta con la buena voluntad para que ello se dé, hay que generar el sistema adecuado para ello.

El problema central de por qué dicha oferta es escasa está en que el gasto necesario (en términos de material, del ratio profesor/alumnos, etcétera) para llevar a un niño a un nivel determinado de conocimientos, es mayor cuanto menor es el capital humano que traen del hogar (asimilable al nivel educativo de los padres). O sea, si el objetivo del sistema educativo es llevar a todos los niños a un determinado mínimo de conocimientos, los recursos con que se cuenta para educarlos deben aumentar a medida que disminuye el capital humano inicial de los niños.

Se requiere que el presupuesto disponible por niño sea similar al costo de educarlo, lo que en la literatura se denomina “means equalizing” (igualación de recursos): la subvención está diseñada para compensar el menor capital humano inicial del niño y ponerlo, de esa manera, en pie de igualdad con otros niños provenientes de hogares con padres más educados.

En Chile la subvención inicialmente tenía un solo valor, que era independiente de las características del niño. Eso fue un error de diseño que se corrigió parcialmente con la subvención preferencial (aprobada el 2008), que beneficia a los niños de menor nivel socioeconómico. Pero ella es insuficiente, ya que la subvención debe variar más para poder dotar a todo el rango de alumnos del financiamiento suficiente para alcanzar un nivel aceptable de habilidades. Probablemente sean necesarios ocho niveles: un primer paso puede ser pasar de dos niveles a cuatro y más adelante a ocho. Haciendo esto daríamos un paso importante hacia resolver una carencia importante del sistema educativo. Compensaríamos con la disponibilidad de mayores recursos las ventajas de la cuna. Y lo haríamos de tal manera que el beneficiario fuera cada uno de los niños que lo requieren.

Claudio Sapelli
Economista