Hace algunos días, investigadores del centro de estudios Horizontal criticaron la irracionalidad de algunas exigencias ambientales en la evaluación del nuevo Hospital del Instituto Nacional del Cáncer, como la obligación de incorporar áreas verdes y refugios para insectos y arácnidos, requerimientos difíciles de justificar cuando el objetivo del proyecto es combatir una de las principales causas de muerte. La seremi de Medio Ambiente defendió estas observaciones, señalando su impacto en la biodiversidad y en el bienestar físico y mental de las personas.

Este debate ilustra las frecuentes tensiones que surgen durante la evaluación de proyectos de inversión, incluso en casos tan sensibles como un hospital oncológico. Se trata de conflictos complejos que no pueden ser resueltos por un órgano técnico a través de una fórmula estandarizada, por más que algunos fantaseen con ello. Sin embargo, en casos como este, resulta evidente que el abuso de herramientas administrativas dificulta más de lo que resguarda el interés público. En ese sentido, la denuncia expone un problema real que va más allá de este episodio.

El panorama chileno no es una excepción. En diversos países, la llamada “permisología” se ha convertido en un asunto prioritario, marcando el debate en las últimas campañas electorales, con propuestas que van desde ajustes administrativos hasta reformas drásticas que desmantelan por completo los procedimientos de evaluación, reduciendo el control ambiental hasta hacerlo inexistente.

En Estados Unidos, Donald Trump anunció la aprobación acelerada de permisos para proyectos con una inversión superior a los mil millones de dólares. En Nueva Zelanda, se implementó recientemente una ley que exime a 149 iniciativas del sistema ordinario de evaluación ambiental, delegando su revisión a una comisión encargada de resolver como única instancia y de manera expedita. Ambas estrategias se han caracterizado por un enfoque drástico que ha sido cuestionado no solo por la reducción de controles ambientales, sino también por el riesgo de generar conflictos de interés y facilitar prácticas de corrupción, como tráfico de influencias o sobornos.

Reino Unido, en cambio, ha optado por una vía reformista para agilizar los permisos sin desmantelar por completo las regulaciones. Esta semana, el gobierno británico anunció un ambicioso plan de simplificación con el objetivo de impulsar el crecimiento y la inversión. Además de acortar significativamente los plazos, la reforma busca reducir en un 25% los costos administrativos para los inversionistas.

Curiosamente, uno de los principales obstáculos que busca destrabar es la estricta protección de los murciélagos, cuyo estatuto especial ha dificultado la construcción de túneles, viviendas y otras infraestructuras, al requerir medidas de mitigación como la creación de hábitats alternativos y restricciones horarias en la construcción para evitar perturbaciones durante la temporada de reproducción. Conscientes de que estas exigencias habían llegado a niveles absurdos, las autoridades decidieron corregirlas, manteniendo la protección ambiental, pero evitando que esta se convirtiera en una traba insalvable para el desarrollo.

Edmund Burke advirtió que “un Estado sin los medios para algún cambio es un Estado sin los medios para su conservación”. Su advertencia es particularmente relevante hoy, cuando la tendencia internacional muestra que los sistemas regulatorios que no se reforman terminan enfrentando un creciente rechazo.

Seguir la vía reformista permitiría equilibrar la protección ambiental con la inversión, la eficiencia institucional y la certeza jurídica. En esa línea, las autoridades deberían reconocer las deficiencias del procedimiento actual y liderar una reforma que lo modernice, en lugar de aferrarse a un esquema que ya no responde al contexto. De lo contrario, el descontento podría terminar impulsando una solución drástica que socave el mismo interés que originalmente intentaban proteger.

Maximiliano Duarte
Director de estudios de Fundación P!ensa