Es evidente que la seguridad será un tema principal de la próxima campaña presidencial. El cambio ocurrido en la última década en los patrones de conducta de la criminalidad ha impactado en la vida cotidiana de los chilenos de un modo tal que define la agenda pública. Por eso es esencial que el debate en torno a este tema deba ser tan serio como su complejidad.

Un sector del oficialismo minimizó durante un tiempo la relevancia de la respuesta represiva, pero la dura realidad condujo a una rectificación y a cerrar filas en torno a una agenda legislativa que incrementó el poder policial y las capacidades para enfrentar al crimen organizado. Acciones como el control fronterizo en el norte, el despliegue militar en la macrozona sur y el respaldo fiscal al fortalecimiento de las policías expresaron un sentido de urgencia, transformándose en prioridad del Gobierno.

Es clave construir respuestas de Estado a este tema tan crucial para los chilenos. En este mismo periódico, en el día de ayer, la economista Mónica Ríos relataba el robo de su vehículo y cómo la denuncia consecuente terminó en nada debido a las tremendas descoordinaciones entre las plataformas tecnológicas destinadas a perseguir estos delitos y los carabineros de a pie, que ejercen el control in situ. Cualquiera que conozca cómo opera la administración estatal en Chile sabrá que lo más difícil es hacer posible y eficaz la coordinación entre instituciones. Las respuestas del sistema político deben orientarse a enfrentar estos tremendos lomos de toro y abandonar el efectismo con propósitos de eventual rédito electoral.

Por eso es que al ver a los Kaiser-Kast en campos de entrenamiento de tiro y a la candidata Matthei pidiendo restablecer la pena de muerte, observamos un guion que no propone respuestas útiles sino solamente alimenta una reacción emocional.

La experiencia comparada ha demostrado que abrir el monopolio del uso de la fuerza, hoy restringido constitucionalmente a las fuerzas militares y policiales, no nos conducirá a reducir la tasa de homicidios.

Es solo por motivos electorales que se promueven estas ideas, peligrosas en tanto al promover el control privado de armamento pueden transformar la relación entre iguales en un campo de batalla. Hemos visto esta trágica consecuencia en las decenas de masacres en centros escolares en Estados Unidos efectuadas con armas compradas en supermercados o por correo. Esa misma data es categórica respecto a la inefectividad de la pena de muerte respecto de la reducción de crímenes violentos.

Lo ocurrido en Graneros exige respuesta y esclarecimiento. La población pide, además, que las policías sean capaces de entregar respuestas a la altura de los crecientes recursos que les entrega el presupuesto nacional. Cualquier señal de incompetencia, como el funcionamiento de los sistemas de llamadas de emergencia, debe ser revisada a fondo.

Generar las capacidades institucionales y policiales, de tecnología e inteligencia, que permitan frenar la brutal delincuencia actual, requiere de un inmenso esfuerzo en muchos frentes y de gran perseverancia. No es solo tarea del Gobierno. También involucra al Poder Judicial, al Ministerio Público, a las policías, a las Fuerzas Armadas y al Congreso Nacional. Ese es el camino que debemos profundizar.

La grandilocuencia emocional no nos llevará a ninguna parte: es solo un recurso de candidatos buscando crecer en las encuestas.