El reciente y prolongado apagón eléctrico generó dificultades múltiples: equipos eléctricos no utilizables; transporte público interrumpido; cajeros automáticos inoperativos; tráfico sin semáforos; surtidores de bencina sin funcionar; celulares con problemas de conexión, entre tantos otros.

Imaginemos ahora que en vez de haber durado 10 horas, el apagón se hubiese extendido por días y días de manera generalizada en todo el territorio. Los problemas mencionados habrían alcanzado ribetes catastróficos: distribución de alimentos paralizada; transporte impracticable; trabajo desde los hogares imposibilitado sin internet; producción de bienes y servicios entorpecida a niveles insostenibles, y la sociedad transformándose en un caos, con crecientes grupos de personas debiendo recurrir a la delincuencia... Para qué seguir.

Lo que un apagón de este tipo visibiliza y pone en evidencia es la extrema dependencia que las diversas actividades rutinarias de la sociedad tienen entre sí. La energía requiere de torres de transmisión para llegar al punto de destino; esas torres se construyen con materiales extraídos de minas; los mineros necesitan alimentarse de productos cultivados en el campo o importados desde el exterior, lo que requiere de puertos que los reciban; quienes ahí trabajan necesitan de cuentas corrientes bancarias donde recibir dinero y pagar sus compras; sus bancos necesitan sistemas de información sofisticados para mantenerlas disponibles 24/7, los que, a su vez, necesitan de energía para funcionar, la que se transmite por las mismas torres iniciales, y así.

Se trata de un sistema extremadamente complejo y endiabladamente interdependiente. Es decir, si se producen fallas en un lugar, estas generan una cascada de eventos disruptivos en otros, y esos los generan en otros, hasta provocar, eventualmente, una falla sistémica. Esta fuerte interdependencia, súbitamente visibilizada por un apagón, un terremoto de gran magnitud o una pandemia, está normalmente oculta a nuestros ojos. La fluidez de nuestras actividades diarias nos hace pensar que podemos dar por sentado su funcionamiento.

Planteamientos políticos que ignoren esa interdependencia pueden introducir enormes y problemáticas disrupciones al sistema, además de contener en su interior una contradicción de carácter esencial.

En efecto, quienes se oponen a la explotación de minerales, o a proyectos de generación energética, o rechazan la instalación de torres de transmisión eléctrica, o centros de datos, pero al mismo tiempo quieren tener pleno acceso a la internet y a sus celulares para su vida diaria, o para coordinar las marchas de protesta contra esos proyectos, solo lo pueden hacer si hay minas que entreguen los materiales con que se fabrican esos celulares, generación eléctrica suficiente para que esos celulares funcionen, torres que la transmitan, y crecientes bases de datos desde donde esos celulares se alimenten. No se puede querer tener “el queque en la mano” (usar celulares cuando se quiera y tener internet de banda cada vez más ancha) y “comérselo al mismo tiempo” (oponerse a la extracción minera o a los proyectos de generación eléctrica).

Escoger las partes que nos gustan de la tecnología moderna y eliminar las partes que no nos gustan solo consigue afectar severamente al sistema como un todo, dada la interdependencia antes aludida.

Una consecuencia de lo anterior es que no se puede establecer un sistema de derechos —de cobertura de salud universal, o de educación gratis y de calidad, o de pensiones con una alta tasa de reemplazo— sin que las capacidades de generación de riqueza que las sociedades necesitan para entregarlos se establezcan adecuadamente. Y eso no puede ocurrir si es que se interfiere con los agentes económicos cuyos proyectos de inversión son capaces de generar esa riqueza.

Cualquier progreso futuro necesita compatibilizar el sistema de derechos sociales con la producción de bienes y servicios necesarios para otorgarlos, y balancear adecuadamente los costos del impacto ambiental que generan las inversiones requeridas para ello, con los beneficios que se dejan de recibir si esos proyectos se prohíben. Para eso se necesitan análisis cuidadosos, hechos con sofisticación metodológica, además de tecnologías innovadoras, que mitiguen progresivamente los daños ambientales.

Los eslóganes moralizantes que condenan a los agentes que crean riqueza, simplificando realidades complejas, terminan asfixiando el crecimiento e impidiendo, paradójicamente, la entrega plena de los derechos que buscan defender. Aunque más tenuemente, esto también lo visibilizó el apagón.

Álvaro Fischer