Llegó marzo y se inicia la campaña electoral para definir quién gobernará Chile por los próximos cuatro años. En política nadie clava la rueda de la fortuna y, como sabiamente advirtiera el Primer Ministro británico Harold Wilson, “una semana es un tiempo muy largo en política”, para ilustrar con cuánta rapidez las cosas suelen cambiar, y los eventos, la opinión pública y las fortunas pueden alterar dramáticamente su curso. La política es volátil y sus predicciones son esquivas.

Es cierto que hoy contamos con encuestas que pueden ser un buen elemento predictor. Ellas indican que la candidata de Chile Vamos aparece como lejos la mejor posicionada para la elección de este año. Sin embargo, es igualmente cierto que, si los partidos de la oposición no logran agruparse en torno a la idea-fuerza de que la primera prioridad es evitar la continuidad de un gobierno de izquierda que incluye al Frente Amplio y al Partido Comunista, y aceptar que la política es el arte de lo posible y que lo mejor es enemigo de lo bueno, el panorama se torna más incierto.

Chile estuvo encaminado en un proyecto para lograr la modernización y dejar atrás una sociedad tradicional, injusta e infértil. Sus bases eran la economía de mercado, la democracia representativa, la apertura al mundo, la libertad para crear, innovar y emprender. Este proyecto dio a Chile los años más estables y prósperos de su historia; sacó a millones de chilenos de la pobreza, ingresándolos a una nueva clase media con mayores oportunidades de realización personal e introdujo sostenidamente avances sustantivos hacia una sociedad más meritocrática, lo cual provocó más movilidad social que nunca antes.

Es más, las brechas entre ricos y pobres disminuyeron, como por ejemplo: el número de años de escolaridad, las expectativas de vida, el acceso a los bienes de consumo, al ocio y el entretenimiento o el acceso a la educación superior.

Incluso, la desigualdad material disminuyó, especialmente entre las generaciones más jóvenes, gracias a sus mayores niveles de escolaridad.

Pero queda un largo camino por recorrer: aún hay pobreza inadmisible y nuestra nueva clase media es muy vulnerable y dependiente del crecimiento para mantener sus posiciones. Este crecimiento no solo no ha constituido una prioridad, sino que ha sido puesto en jaque por las reformas y por la creciente desconfianza que surge de las incertidumbres que provocan las propuestas de cambio radical y la incapacidad para garantizar mayor seguridad pública.

Desde el gobierno de la Nueva Mayoría ha habido un intento —solo parcialmente exitoso— por demoler este modelo de desarrollo para reconstruir todas las instituciones, partiendo por la Constitución, a partir de una idea única que es el igualitarismo.

El problema de continuar con las mismas fuerzas que hoy gobiernan no es solamente por su ineptitud para promover el crecimiento económico o su incapacidad técnica. En suma, está expresando e imponiendo gradual y sostenidamente las ideas extremas de la izquierda sesentera.

Un somero examen a nuestra historia nos muestra que desde la Independencia las derechas han estado compuestas por fuerzas que difieren: conservadoras y liberales, laicas y religiosas, cosmopolitas y más parroquiales, con mayor o menor adhesión al poder del Estado, pero con un tronco común de republicanismo, de ciertos principios del liberalismo clásico y de la democracia representativa.

Estas diferencias son irrelevantes frente al desafío imperativo de evitar el resurgimiento de las amenazas que representó el proyecto constitucional de la Convención Constituyente —cuyas ideas fueron entusiastamente apoyadas por todos los partidos del actual gobierno y por todos sus potenciales candidatos presidenciales, las cuales, indudablemente, aún constituyen el núcleo central de su ideario.