En Chile, la informalidad y la “ley del más fuerte” parecen imponerse. Esto se refleja en la tensión que generan los desalojos de campamentos con sentencias judiciales, el aumento sostenido del comercio ambulante y la violencia que predomina en nuestras ciudades. El problema se agravó con la reacción tardía —y muchas veces forzada— del Estado y la defensa de algunos sectores a la informalidad. Se configura así un escenario de anomia, donde la normativa pierde valor y el mercado negro se beneficia.

El caso de San Antonio ilustra esta dinámica. Junto con la estrategia gubernamental de negociación vía cooperativas para postergar el desalojo, no debemos olvidar que la usurpación se originó masivamente durante el “estallido social”, época en la que los exdiputados Boric y Jackson criticaban el desalojo de tomas. Esto ha llevado a que criminales operen y lucren con la informalidad y con la desesperación de familias sin acceso al mercado inmobiliario, mientras la respuesta oficialista es tardía y deja dudas sobre el cumplimiento efectivo del desalojo.

Dado lo anterior, el problema central no radica en los desalojos ni en la disposición de los propietarios a vender, sino en el fallo del Estado en resguardar la propiedad y en su poca capacidad de gestión una vez configurada la toma de terreno. Al fin y al cabo, los dueños de los terrenos no están obligados a negociar si no reciben el precio esperado o carecen de garantías de pago.

Por ejemplo, las cooperativas no resuelven ni la falta de capital ni las dificultades de acceso al crédito. Con la banca cada vez más cauta al financiar proyectos inmobiliarios, resulta cuestionable cómo estas cooperativas, compuestas por familias sin acceso al crédito, podrían costear la compra del terreno y su urbanización, mientras postulan a subsidios.

Lajarilla, en Viña del Mar, ofrece un contraste interesante. El propietario se negó a vender y, finalmente, se ejecutó la orden de desalojo. La atención mediática se centró en las cerca de 90 familias afectadas y en el cumplimiento de la sentencia, mostrando asombro de un procedimiento respaldado por la ley. Esta reacción pone de manifiesto un sistema poco eficaz y con incentivos ambiguos respecto del cumplimiento normativo.

Sin embargo, el deterioro urbano no se limita a los campamentos. En pleno centro de Santiago, el comercio ambulante llega a bloquear veredas, algunos accesos al metro han sido cerrados por motivos de seguridad y locales emblemáticos, como La Piojera, evalúan cerrar tras la huida de más de 900 establecimientos y la falta de público. En paralelo, se ensayan medidas cosméticas —como empedrar veredas— que no solucionan el problema.

Lamentablemente, esta situación se replica en ciudades como Valparaíso y Viña del Mar, donde la ciudadanía ha celebrado la instalación de pórticos metálicos en locales nocturnos, al tiempo que critica el desbordado comercio ambulante que invade espacios públicos.

Resolver estas situaciones no es sencillo. Cumplir con los desalojos no significa dejar familias en la calle, del mismo modo que enfrentar el comercio informal no equivale a eliminar empleos; por el contrario, estas medidas deben reforzar el Estado de Derecho y generar presión para la implementación de políticas urbanas eficaces.

Se requiere aumentar la oferta de viviendas sociales —cuya productividad está estancada— y revitalizar los barrios, priorizando la seguridad. Esto resulta aún más relevante considerando barreras el encarecimiento de la construcción, la eliminación del Crédito Especial a las Empresas Constructoras y el retroceso del comercio formal, incluso en las áreas centrales con alto potencial. En este contexto, es clave alinear los planes reguladores para densificar en zonas aptas, coordinar agencias, agilizar la entrega de subsidios y diseñar incentivos que atraigan inversión.

En definitiva, la anomia se impone cuando el Estado no hace cumplir la ley ni impulsa el desarrollo. Los ocupantes ilegales y comerciantes ambulantes serán un patrón mientras vean que la autoridad llega tarde. Urge un cambio para intervenir con valentía, entregar soluciones efectivas y aplicar la ley sin vacilaciones.

Cada metro cuadrado cedido a la informalidad o al delito no solo debilita el Estado de Derecho, sino que también desalienta la inversión y acelera la decadencia urbana. La inacción y los incentivos equívocos seguirán extendiendo la anomia, sometiendo a nuestras ciudades a la ley del más fuerte y deteriorando nuestra convivencia y progreso.

Ignacio Aravena
Investigador Fundación Piensa y fellow economía urbana LSE