Era 1990. En un curso de formación para profesionales, el coordinador les dijo a los profesores que se iba a excluir la clase de marxismo para el año siguiente, porque esa ideología había fenecido. Era la ilusión de Fukuyama.

En Chile, por cierto, nada de eso ha sucedido. Cuatro situaciones han vuelto a mostrar lo persistente que es la ideología marxista en nuestra vida cívica.

Por una parte, la reacción del PC ante la evidencia de que el régimen de Maduro estaría directísimamente implicado en el asesinato del teniente Ojeda. Desde la tienda roja las descalificaciones hacia la investigación no se hicieron esperar; es que simplemente es inadmisible que un aliado político haya podido cometer un crimen, porque, ya se sabe, todos los marxistas son “hombres nuevos”, consolidados en la virtud y amantes del bien. Las pruebas dan lo mismo, porque, recordemos, Lenin sostenía con total desfachatez que si la teoría no calza con los hechos, pues... peor para los hechos.

Es posible que todavía en los próximos meses —aun con el PC en el poder— no se pueda demostrar por completo la conexión Maduro-crimen. Si en una situación de evidencia mucho más masiva, como era la participación extranjera en la insurrección violenta de octubre de 2019 —y a pesar del anuncio del entonces director de la PDI—, todavía estamos esperando la publicación de la verdad, en el caso Ojeda probablemente se repita el mismo esquema.

Es que después del piñerismo —que tuvo tiempo suficiente para dar a conocer la verdad, por comprometedora que fuera para el propio gobierno—, el octubrismo llegó al poder con Boric. Lo delicado es que si el piñerismo retorna al poder, quizás sigamos esperando...

Una segunda situación se ha presentado con la toma de San Antonio y la insólita negociación consiguiente. ¿Cuál ha sido la postura del PC? Su posición ha tenido tres elementos: no al cumplimiento de la sentencia judicial, proposición de expropiación, y rechazo del lucro. Así queda claro que las sentencias judiciales siguen siendo, para el PC, expresiones burguesas, aunque es de todos conocido el profundo grado de penetración de las izquierdas en el Poder Judicial. A eso se suma que, ante un conflicto de intereses entre propietarios y ocupantes ilícitos, la mirada comunista busca de inmediato hacerse con la adhesión de los pobladores, exigiendo la expropiación. Y, finalmente, una vez articulado el acuerdo de compra, los comunistas aprovechan la oportunidad de condenar el legítimo lucro que podrían obtener los propietarios, aunque ciertamente bajo presión.

En tercer lugar, a raíz del apagón, desde las trincheras marxistas se ha insistido en la incompetencia de la empresa privada, como si el Estado de Chile fuese del todo ajeno a la situación que se vivió.

Con la ceguera propia de la mirada ideológica, dos diputados comunistas han reactivado un proyecto de ley para estatizar todo el sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Es ciertamente una mirada estaliniana, pero a ellos nada les importa, porque solo buscan que se hagan presentes unos planteamientos de marxismo puro y duro, que les permitan, en lo personal, ser bien considerados en el PC (no nos engañemos: no existe el comunista desinteresado, altruista, “espiritual”), y en lo electoral, mantener ese 5-7% de adhesión que, en ciertos lugares de Chile, les permita elegir representantes de unas minorías muy minoritarias pero eficaces en su despliegue en terreno.

¿Y la cuarta? Es la coronación de todo lo anterior: Jadue llamando a la sublevación popular, un anhelo vigente desde San Petersburgo en 1917 a Santiago de Chile en 2019. Una aspiración comunista siempre pendiente.