La aprobación de la reforma previsional es una buena noticia para el país. Sin ser perfecta, logra mantener un sistema de capitalización individual (ahorro para el futuro con derecho de propiedad), con un fuerte componente de apoyo a quienes terminan con bajas pensiones. Con habilidad política y creatividad, las partes —principalmente los ministerios de Hacienda y Trabajo, y también Chile Vamos— lograron acordar una reforma largamente debatida.

Lo aprobado es una profundización del proceso de reforma que ha tenido nuestro sistema de pensiones desde la vuelta a la democracia y que lo ha transformado en un sistema de seguridad social. Esto comenzó, primero, con la reforma de pensiones de Bachelet I, que introdujo la Pensión Básica Solidaria, el Aporte Previsional Solidario y mejoró el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Luego, continuó con el fuerte aumento del monto y la cobertura de la Pensión Básica Solidaria a $200 mil durante el gobierno de Piñera II, quien la renombró como Pensión Garantizada Universal (PGU).

Siguiendo las reformas anteriores, la ley aprobada aumenta la PGU a $250 mil, incremento que será financiado con impuestos generales, al igual que el original.

Además, con la creación de un nuevo instrumento que estará vigente por 30 años, la ley complementa el Aporte Previsional Solidario (APS) para quienes, habiendo cotizado, reciben bajas pensiones. Los pensionados que han cotizado al menos 10 o 20 años, según sean mujeres u hombres, recibirán un extra de $38 mil por cada diez años cotizados. Este instrumento, al estar atado al número de cotizaciones, favorece la formalidad. Este apoyo, al igual que el APS, lo financia el Estado. Eso sí, vía un préstamo que recibirá de todos los contribuyentes, equivalente a un 1,5% del salario imponible. Este préstamo, que harán los trabajadores, recibirá el mismo interés que los inversionistas nacionales y extranjeros que hoy le prestan al Estado de Chile. En términos simples, este apoyo lo financia el Estado, primero vía deuda y, luego, como en el caso del APS, al pagar la deuda, con impuestos generales.

También la reforma establece un aumento de la cotización al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia equivalente al 1% del salario imponible. Con este aumento, se podrá “asegurar” la condición de ser mujer, de forma que, a igual edad y monto ahorrado, una mujer reciba la misma pensión que un hombre.

Asimismo, se incrementa el porcentaje que cada trabajador destina para su futura pensión en su cuenta de ahorro previsional, pasando del actual 10% a un 16%. Como ya mencioné, durante los primeros 30 años, el 1,5% de este ahorro adicional se invertirá forzosamente en deuda del Estado.

Para atacar el exceso de utilidades de las AFP, el proyecto profundiza las licitaciones de afiliados introducidas en la reforma de Bachelet I, las cuales lograron reducir a un tercio las comisiones de las AFP que se adjudicaron las licitaciones.

En resumen, el aporte conjunto que harán el trabajador y el empleador al sistema de seguridad social pasará del 13% al 30%, un gran esfuerzo. Segundo, el Estado aumentará en forma considerable los recursos destinados a las pensiones de quienes no pudieron ahorrar lo suficiente. Se estima que 1,6 millones de personas pensionadas podrían experimentar un aumento promedio de $103.000 en sus pensiones. El sistema de seguridad social resultante es generoso para los estándares latinoamericanos.

El verdadero post mortem

Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: dado que la reforma recién aprobada es una profundización de lo que se venía haciendo desde la vuelta a la democracia, ¿por qué nos demoramos tanto en aprobarla?, ¿por qué la reforma planteada por Bachelet II, que tenía muchos puntos en común con la actual, no fue aceptada ni por la derecha ni por el Frente Amplio?, ¿por qué la reforma de Piñera II, que tenía una componente redistributiva igual o mayor a la actual, fue rechazada por los sectores más de izquierda?

El verdadero post mortem que debemos hacer hoy es definir quién es responsable de que el aumento en las pensiones que traerá la actual reforma ocurra siete años después de lo que podría haber sido. ¿Quién tendrá el coraje de reconocer que, por seguir una consigna, millones de pensionados tuvieron menores pensiones durante siete años? Y, peor aún, muchos de nuestros compatriotas murieron esperando esta alza.