Es hora de felicitar a los ministros del Gobierno y a los senadores líderes del oficialismo y de la oposición que consiguieron este valioso acuerdo de pensiones.

El país celebra esta reforma y la agradecerá en el futuro. Los chilenos recibirán mejores pensiones, los empleadores contribuirán a financiar el sistema, tendremos más ahorro como país, pagaremos menores comisiones por la administración de los fondos y de las cuentas de capitalización, y el sistema tendrá más equidad entre hombres y mujeres. Todas son buenas noticias para Chile. Es muy positivo además que, pese a presiones de los grupos de interés, el Gobierno y Chile Vamos, la fuerza principal de la oposición, fuesen capaces de producir un acuerdo en un tema tan relevante.

Pero no podemos solo felicitar; también es necesario consignar que la reforma llegó diez años tarde. El primer esfuerzo reformista en esta materia se intentó hace una década en el segundo gobierno de Bachelet y luego, en el segundo de Piñera, también rondó el tema. En ambos casos, el acuerdo no cuajó.

Nada de esto ha sido gratis. La ley aprobada implica mayor costo fiscal que los proyectos presentados en las ocasiones anteriores; se perdieron diez años en el ahorro del país y de los pensionados y la legitimidad de las administradoras salió más maltrecha que al inicio del debate, acentuada por su última amenaza de judicialización al calor de la ofensiva trumpista.

¿Cómo puede ser que hayamos tardado diez años en resolver una transformación del sistema de pensiones tan demandada por la ciudadanía, provocando en esta demora todos estos efectos negativos?

Es el resultado de la polarización de la política.

Desde hace años no existe ninguna fuerza que por sí misma consiga las mayorías parlamentarias para sacar adelante transformaciones legales necesarias para el avance del país. Por eso, los acuerdos son imprescindibles.

Sin embargo, en la derecha se ha puesto de moda el extremismo como método de fortalecimiento de sus liderazgos. Se valora restarse al diálogo como meritorio en sí mismo y se acusa de cobardes a los que acuerdan. En vez de atender a los informes técnicos, esta derecha se parapeta en la idea de que cualquier atisbo de cooperación social es una ofensa a la libertad individual.

En la izquierda, un sector se niega a asumir la importancia de la construcción de mayorías en la acción política y prefiere rendir culto a sus dogmas antes que buscar consensos en favor de la ciudadanía. Es una izquierda estatista que se niega a entender que muchas formulaciones de cooperación público-privadas pueden proveer buenas soluciones.

Agreguemos el grupo de los populistas —que los hay de izquierda y de derecha y que no para de crecer— que se caracteriza por definir sus acciones en función de réditos electorales inmediatos, sin preocupación alguna por el futuro.

La agenda pública del país está paralizada en muchísimos temas por todo esto.

Es fundamentalmente esa la razón por la que no hemos podido avanzar en muchas urgentes reformas, entre ellas la de salud, tan relevante y pendiente como la recién aprobada de pensiones.

La demora en producir transformaciones de esta magnitud es la medida exacta de nuestra distancia del desarrollo.

Porque resolver los problemas del siglo XXI requiere mucho más que promediar extremos. Implica encontrar ideas nuevas, fuera del cajón de los paradigmas conocidos y desafiar con coraje a los adversarios de la vía del diálogo.