Señor Director:

Resulta incomprensible que la estrategia del Gobierno para enfrentar los delitos transnacionales consista en dejar en libertad a narcos condenados para luego expulsarlos, lo que significa garantizarles impunidad, ya que vuelven a entrar al país a las pocas semanas. Esta medida parece alinearse con su política de indultos a delincuentes, lo que envía las señales equivocadas. A su vez, la administración actual ha recibido un presupuesto cuatro veces mayor para expulsiones, pero los resultados son aún peores: antes los plazos eran más cortos y, pese a los intentos de los mismos activistas que hoy están en el Gobierno por frenar expulsiones, estas de todas formas se ejecutaban.

El problema no es solo legal, sino de gestión y voluntad. Se ha puesto a cargo del control migratorio a un grupo de activistas, teólogos y sociólogos que claramente no creen en la medida y la aplican con desgano. No es casualidad que los vuelos de expulsión salgan con menos de 50 personas, cuando la capacidad es mayor. Tampoco han querido considerar alternativas como el traslado a países cercanos y cruzar por tierra, evidenciando una falta de voluntad política y capacidad operativa.

Mientras tanto, el control migratorio es un desastre. Según el INE, la cantidad de extranjeros en situación irregular se triplicó entre fines del 2021 y fines del 2023. En lugar de sancionar el ingreso clandestino, se premia a quienes ingresan de manera ilegal, trabajan sin autorización y luego son regularizados con argumentos que justifican de forma increíble la falta de control.

No hay expectativas ni esperanzas de que el Gobierno cambie de rumbo. Pero al menos deberían evitar celebrar cifras irrisorias: expulsar administrativamente a mil personas de 127 mil personas que ingresaron ilegalmente desde el 2022 no es un logro, sino la confirmación del fracaso de su estrategia.

Álvaro Bellolio A.