En el mundo de hoy, las negociaciones políticas entre bandos con concepciones ideológicas opuestas se han sofisticado hasta el extremo de conllevar un sutil veneno que permite aplastar al otro y trocar así una negativa correlación de fuerzas. Con la negociación actual referida a las pensiones, sucede este problema que vicia cualquier acuerdo. En efecto, para la derecha debería tratarse de una cuestión de valores a defender o debilitar, mientras que para la izquierda y el Gobierno se trata de una movida táctica que los acerca a su meta de refundación. Con el acuerdo logrado con Chile Vamos, han obtenido un nuevo quiebre del sistema que ha asegurado las libertades democráticas. Así, más que un acuerdo, se ha validado una encerrona que debilita a la derecha y la deja en mala posición para enfrentar futuras negociaciones vinculadas a este tema.

Y estas nuevas negociaciones ya han sido anticipadas con el anuncio de crear un inversor público (nueva denominación para señalar una AFP estatal), respecto del cual se ha dicho sibilinamente que no está comprendido en la negociación en curso. Y frente al cual la derecha ya arrinconada tendrá aún menos margen de acción. Y menos aún enfrentada a la demagogia de la campaña presidencial que se inicia. Lo dicho se corrobora con el apuro del Gobierno para completar los trámites que consolidarán lo conquistado impidiendo que el embeleso de la derecha se disipe.

Y en Chile Vamos, conscientes de su debilidad, apelan al juicio del Consejo Fiscal Autónomo sobre la sostenibilidad financiera de la figura que impulsa el Gobierno. Así lo ha afirmado su candidata presidencial. Olvidan por completo que, en este debate, más que lo financiero, que es un aspecto muy importante, están en juego los valores y principios que afianzan la singularidad y trascendencia de sus planteamientos, los mismos que permitieron el gran desarrollo que experimentó el país en décadas pasadas.

Además, cabe recordar las reformas educacionales, políticas y económicas de Bachelet II, que han contribuido señaladamente a la desmedrada situación actual del país. Y que todas ellas tuvieron un apoyo decisivo de la derecha, y respecto de las cuales nunca ha hecho un mea culpa.

La conclusión de todo esto es que el gobierno actual no es uno terminado, como se ha dicho, debido a sus torpezas, errores y derrota plebiscitaria, sino uno fuerte y seguro de sus metas para imponer sus objetivos a la oposición y conquistar al electorado en la presidencial que se avecina.