Por más de 10 años ha habido conciencia de la necesidad de reformar nuestro sistema de pensiones. Dos proyectos ya fueron presentados al Congreso. Ambos fracasaron. Mientras tanto, la urgencia de estas reformas se ha ido acrecentando de la mano de mayores expectativas de vida y de tres retiros. Fallar nuevamente en una reforma de pensiones es inmensamente costoso. Costoso para las familias que enfrentarán la vejez con muy bajas tasas de reemplazo. Costoso para la sostenibilidad fiscal, porque dichas bajas pensiones llevarán inevitablemente a fuertes presiones de gasto. Demostraría además una preocupante incapacidad del sistema político de lograr acuerdos.

El proyecto de pensiones es un buen acuerdo. No es un proyecto refundacional que sustituya la capitalización individual, sino que la complementa y perfecciona. Las cotizaciones suben a 6% y se agrega un 1% para corregir brechas de género. Además, se introducen cambios que potenciarán la competencia, incluyendo la licitación de afiliados y reducciones a las barreras de entrada a la industria. Finalmente, se introducirán mejoras a los portafolios de los fondos, con mayor flexibilidad, la introducción de portafolios por generación y una estructura de premios y castigos. Su implementación será gradual, para que el mercado del trabajo pueda absorber el incremento del costo.

Sin duda el resultado no deja contentos a todos. Para la izquierda pueden aparecer como insuficientes los avances en redistribución y los cambios en la industria. Para la derecha, puede aparecer como un proyecto con un excesivo rol público. Siempre para lograr acuerdos hay que ceder.

La novedad es que habrá un punto más de aporte de la empresa. Con este se logró compatibilizar “el 6 es tuyo” con una mayor equidad de género. Llama, entonces, la atención que haya quienes ahora se sorprenden, y levantan una voz crítica por el aumento de costos. Este mayor costo era conocido hace más de diez años.

Si la preocupación es el empleo, la prioridad debe ser potenciar el crecimiento y reformar el mercado del trabajo creando más y mejores empleos. Perfeccionar los mecanismos de capacitación, facilitar la movilidad, y avanzar en el proyecto de salas cuna son pasos importantes en esta dirección. El aumento del ahorro y la reducción de incertidumbre también jugarán un rol en estimular la inversión.

El mecanismo de financiamiento del alza de las pensiones actuales ha generado una discusión confusa. Lo que hace la reforma es financiar el beneficio (transitorio) por año cotizado con un préstamo en UF a tasas de mercado desde los cotizantes al Fondo Autónomo de Protección Previsional. Este préstamo no es una cuenta nocional, está respaldado por un bono garantizado por el fisco. Así, el 6% va enteramente a los cotizantes, un 4,5% a su cuenta individual y un 1,5% a una cuenta por el préstamo.

Se argumenta que la rentabilidad del préstamo es baja. Sin embargo, poco se repara en que los fondos tienen más del 20% de sus activos en deuda pública. Por lo tanto, para muchos de los pensionados el efecto en retorno será compensado con un ajuste de portafolio. Eventualmente, las generaciones más jóvenes podrían recibir (transitoriamente) una menor rentabilidad. Sin embargo, esto es un esquema de transferencia intergeneracional razonable, atendido que la generación actual de jubilados financió el ajuste fiscal necesario para transitar desde un esquema de reparto a uno de capitalización individual.

También se ha generado discusión respecto a la sostenibilidad fiscal de la reforma. En primer lugar, el Fondo incorpora mecanismos para asegurar su sostenibilidad. Por su parte, el CFA destaca la importancia de aprobar una reforma, a la vez que reconoce que hay riesgos fiscales que deberán ser abordados por las indicaciones que presentará el Ejecutivo. Particularmente importante es la indicación comprometida para condicionar la cotización a la recaudación tributaria y las mejoras en el Fondo para evitar una acumulación excesiva de activos.

La discusión de los últimos días sobre la reforma de pensiones aparece a ratos liviana, a ratos exagerada. En esta discusión se mezclan legítimas visiones de cómo balancear los incentivos individuales con la seguridad social, con argumentos que representan intereses particulares vestidos de mal ropaje técnico. Quizás habría cosas que se podrían haber mejorado. El problema es que lo que se “podría haber mejorado” es distinto para distintas personas. Lo importante es que se ha logrado un buen acuerdo, que habla muy bien de quienes lo impulsaron. Es de esperar que el debate interesado e ideologizado no descarrile este gran esfuerzo.

Kevin Cowan
Escuela de Negocios, UAI

José De Gregorio
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile