Señor Director:

En el contrato suscrito por La Moneda con el abogado que defenderá al Presidente Boric, por un monto de 13 millones de pesos, en la causa por posible fraude al fisco en la compra de la casa de Salvador Allende, se lee lo siguiente:

“Toda actuación de un servidor público, realizada legítimamente dentro de su competencia y de las facultades con que la ley lo ha investido, representa un acto propio del servicio al que pertenece, por lo que corresponde al mismo organismo otorgar la defensa que fuere necesaria para evitar que sea el funcionario quien sufra personalmente las consecuencias derivadas del desarrollo de la función pública”. Este razonamiento —que parece justo— pasa a ser un privilegio más del Presidente, si otros “servidores públicos”, como los carabineros y militares que en el “ejercicio de la función pública” han sido arrastrados a los tribunales, han debido solventar su defensa en largos juicios, perdiendo además en muchos casos su trabajo y fuente de sustento.

Luis Pardo Sáinz
Director Ejecutivo
Instituto Libertad