Señor Director:

En respuesta a la carta en que soy aludida ayer, quería precisar algunos elementos. La idea central es la prohibición de toda forma de maternidad subrogada, con sanciones que apuntan a quienes hacen de esto un negocio. No se trata de una ley sobre procreación asistida: se considera que la maternidad subrogada no es una forma de procreación asistida. Por lo tanto, la donación de óvulos se prohíbe en cuanto contribuya a la maternidad subrogada: se pretende contribuir a frenar el abuso de establecimientos de salud que solicitan óvulos al público en general, sin advertir los riesgos que esto supone para las mujeres que se prestan a ello.

Pero esto, que despertó alarmas, no es lo medular de la moción. La maternidad subrogada es un mercado mundial, tremendamente lucrativo, que explota a mujeres pobres y comercializa niños: esa es la realidad que expertos internacionales vienen denunciando hace tiempo y que necesita urgentemente una respuesta a través de un tratado internacional. Es preocupante que algunos de los que se han manifestado en estas páginas no parezcan ver este gran problema.

En relación con el editorial de “El Mercurio” del día de ayer, me gustaría precisar que el proyecto no sanciona a quienes suscriban un acuerdo de maternidad subrogada, ni a la mujer ni a los comitentes. Lo que se propone es expresar claramente que estos acuerdos no tienen valor legal alguno porque recaen sobre bienes que no son objeto de contrato, como la maternidad, el cuerpo de la mujer o un hijo. Esto parece necesario porque, a diferencia de lo que sugiere ayer “El Mercurio”, es una práctica que los tribunales están admitiendo a través de acciones de filiación coludidas y fraudulentas. Por último, pienso que la dignidad personal de mujeres y niños es un principio admitido universalmente, que comparten creyentes y no creyentes. Sin ir más lejos, Olivia Maurel declara ser atea. Es esta visión la que aglutina el respaldo transversal que tiene.

María Sara Rodríguez
Profesora de Derecho Civil
Universidad de los Andes