Parafraseando a Shakespeare, that is the question. Nadie está extasiado con la reforma de pensiones, pero salvo sorpresas, lo más probable es que se apruebe. Técnicamente, la reforma tiene muchos problemas, pero como el primer mejor no existe en política, pensar en aprobar solo si es perfecta es sinónimo de parálisis. Por eso, hay buenos argumentos para avanzar. Sin embargo, hay algunos puntos en los que el proyecto es abiertamente deficiente y debería ser modificado antes de ver la luz.

Fiscalmente es muy costoso. Los efectos directos del mayor gasto y la menor recaudación tributaria generan un mayor déficit cercano a 1,5% del PIB al 2035, y no es claro cómo se pagará. Sin embargo, el verdadero problema radica en el llamado “Fondo autónomo de protección previsional”, sobre el que el informe financiero de Hacienda guarda un silencio sepulcral. No parece muy presentable que el proyecto no transparente las cuentas del vehículo financiero estatal que administrará un fondo con ingresos anuales de 1% del PIB.

Sus gastos no están claros. Aparte del SIS, se destinarán recursos para equiparar pensiones de hombres y mujeres, y se pagará también una garantía por año cotizado a buena parte de los pensionados. El fondo deberá también acumular recursos para pagar el llamado préstamo de los trabajadores. ¿Cuánto cuesta todo esto?

Aquí radica el meollo del asunto. Si el fondo acumula poco, será deficitario y se generará un problema fiscal. Si, en cambio, acumula mucho para asegurar su sostenibilidad, el apetito por usar esos recursos para expandir las pensiones u otros gastos será grande. Fácilmente, el fondo podría acumular unos 30 mil millones de dólares en 20 años. Por ello, no debe ser muy gordito y su gobernanza tiene que ser extremadamente robusta.

El diseño de la industria es otro problema. La combinación de licitación de stocks, baja sustancial de encajes y autorización para que el Instituto de Previsión Social administre cuentas abre la puerta para que administradores de fondos piñuflas —como hemos conocido en el último tiempo— se hagan cargo de los fondos de pensiones, sin demasiada restricción. Y la casi segura aparición de un administrador estatal abre la puerta para que sea finalmente el Estado el que gane la licitación y administre las cuentas individuales. Se podrá decir que las personas podrán elegir, pero todo está diseñado para restringir eso.

Mención aparte merece el llamado préstamo, que solo se explica como mecanismo para ocultar la deuda fiscal que genera. El Fondo autónomo podría endeudarse en el mercado con garantía estatal y entregar así los mismos beneficios que se pretende dar. Eso sería simple, transparente y sin vericuetos. Mejor para todos.