En los próximos días la sala del Senado debiera votar la reforma de pensiones. El solo hecho de tener una propuesta de reforma viable constituye un hito importante tanto para todos los trabajadores chilenos como para la clase política del país, y el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Si bien el sistema de ahorro individual ha generado muchos resultados positivos en términos de rentabilidad, crecimiento, mercados de capitales, empleo y reducción de la pobreza, existe consenso por parte de los chilenos y del espectro político, y también de los inversionistas estadounidenses, en que la necesidad de una reforma es urgente. Una combinación de cambios demográficos rápidos y necesidades sociales en evolución exige un plan que aumente las pensiones y que demuestre el compromiso del país con dar una pronta respuesta a las actuales necesidades sociales.

Es cierto que el gobierno del Presidente Boric y el Congreso merecen crédito por las propuestas que buscan aumentar la tasa de cotización obligatoria del 10% al 16%, reducir las comisiones, mejorar significativamente las pensiones para las mujeres, entre otras medidas. Sin embargo, la versión actual de la reforma también incluye una propuesta que amenaza con socavar los cimientos de seguridad jurídica e inversión extranjera sobre los que se ha construido la transformación económica de Chile.

La propuesta que preocupa mandataría una licitación de stock forzada de los actuales afiliados del sistema de pensiones. Para los chilenos pensionados bajo este sistema, esto conllevaría el riesgo de una reducción de las alternativas de inversión y sus retornos. Pero el golpe más dañino a Chile y a los chilenos sería al sólido clima de inversión que tiene el país. Una licitación de stock forzosa resultaría en una falta de compensación justa para los inversionistas y, por lo tanto, dejaría a Chile sujeto a demandas de arbitraje dañinas y juicios de expropiación.

¿Por qué es esto tan importante? Porque ante el tibio pronóstico de un crecimiento del PIB del 2%, Chile necesitará apoyarse más que nunca en su fuerte historial de atracción de inversión extranjera directa (IED), la que ha sido un pilar central en el crecimiento económico del país, ya que los ingresos anuales han aumentado de cero, a mediados de los 80, a casi US$ 22 mil millones en 2023, una cifra que como porcentaje del PIB es seis veces más alta que la de Estados Unidos.

Una vez más, el gobierno del Presidente Boric parece reconocer la importancia de un clima de inversiones sólido que estimula el ingreso de IED. La entrada en vigor del Tratado de No Doble Tributación Chile-Estados Unidos (BTT, por su sigla en inglés), de un año de antigüedad, es un triunfo de la colaboración público-privada entre los gobiernos estadounidense y chileno, y los respectivos sectores privados, que ofrece la oportunidad de aumentar significativamente la inversión, incluso en las regiones más remotas de Chile.

Pero, para concretar la promesa del BTT y todas las otras oportunidades, es imperativo preservar el sólido clima de inversiones chileno. Esto comienza con un diálogo público-privado más comprometido, para avanzar hacia una reforma de pensiones que elimine la contraproducente propuesta vinculada a las licitaciones de stock y, en cambio, se apoye en los planes para aumentar las rentabilidades para los pensionados chilenos.

El sector privado estadounidense espera trabajar cercanamente con el gobierno chileno para aumentar la inversión de EE.UU. en Chile, con el objetivo de impulsar el crecimiento sostenible que proporcione a los trabajadores chilenos la seguridad financiera a largo plazo que tanto merecen.

Neil Herrington
Vicepresidente Sénior para las Américas, Cámara de Comercio de los Estados Unidos