Señor Director:

Ayer se publicó una carta en este medio cuestionando el proyecto de ley que busca prohibir y sancionar la maternidad subrogada, y la prohibición que se propone en relación con la donación de óvulos a centros de salud.

Al respecto, es ilustrativo el caso de Grays Sepúlveda, expuesto en un reciente reportaje de The Clinic. A sus 22 años, esta joven “donó” 19 óvulos a cambio de una compensación económica prometida que no recibió en los plazos acordados, enfrentando demoras y trabas administrativas. Mientras ella lidiaba con los efectos físicos y emocionales del procedimiento, los óvulos extraídos se ofrecieron a mujeres con problemas de fertilidad, quienes pagan sumas millonarias a las clínicas, principales beneficiadas de este lucrativo negocio. El procedimiento, lejos de ser altruista, puede ser dañino para las donantes, que no siempre son informadas de sus riesgos, como el síndrome de hiperestimulación ovárica.

En países como Alemania y Suiza, la donación de óvulos está prohibida, para evitar esta mercantilización. En Chile, en cambio, en la práctica el anonimato en la donación vulnera además los derechos de los niños nacidos a conocer sus orígenes biológicos, perpetuando confusión y desconexión en su identidad.

Este debate debe centrarse en prohibir prácticas que comercializan el cuerpo femenino y priorizar la dignidad de mujeres y niños por sobre intereses económicos. La maternidad subrogada, convertida en una industria global, explota a mujeres vulnerables y satisface los deseos de quienes pueden costear sus elevados precios, invisibilizando por completo la discusión sobre el interés superior de los niños nacidos a partir de estas prácticas. Así, el objetivo principal del proyecto de ley es erradicar la explotación de mujeres y niños.

Javiera Bellolio A.
Simona Cánepa A.
María Sara Rodríguez