Finalmente, el Gobierno ha presentado en la comisión de Trabajo del Senado sus indicaciones al proyecto de reforma previsional, en los términos acordados con Chile Vamos y sus senadores integrantes de esa instancia. Son numerosas, pero junto con incrementar la cotización individual, implican un cambio importante de régimen respecto del sistema actual y otorgan al Estado un rol potencialmente protagónico en la administración de fondos previsionales. Aunque los acuerdos transversales en materias de esta relevancia son necesarios y valiosos, muchas son las dimensiones de lo propuesto que generan interrogantes que sus impulsores deberán aclarar

La cotización adicional de 8,5% que se propone, proviene de una nueva cotización de 7%, a la que se suma el 1,5% que reemplazará el actual aporte de los empleadores al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Este último cuesta hoy menos de 1,5%, por lo que la cotización previsional sube, en rigor, más allá del referido 7% extra. De este 8,5% proyectado, 4,5 puntos irán a cuentas individuales administradas por AFP y otros 4 a un fondo público. Este último administrará los fondos del SIS; los fondos destinados al llamado “bono tabla” que iguala pensiones entre hombres y mujeres, y los dineros provenientes de lo que el Gobierno define como un “bono amortizable”; en rigor, una especie de préstamo correspondiente a 1,5 puntos de la cotización adicional, que no formarán parte de la cuenta individual y que replica muchos de los rasgos de una cuenta nocional. De acuerdo con el proyecto, estos fondos se acumularán por 20 años, para luego —durante los siguientes 10 años— reducirse gradualmente el aporte y destinarse a la cuenta individual, la que, en régimen, recibiría un total de 6 puntos de cotización adicional.

En cuanto al 2,5% destinado al fondo estatal para administrar el SIS y el bono tabla, todo indica que es una cifra sobreestimada: actualmente el SIS cuesta menos de 1,5% y, según las proyecciones de la comisión técnica, el bono tabla costaría cerca de 0,5%. Esa sobreestimación permitiría al fondo perpetuarse en el tiempo, ya sea creciendo indefinidamente o generando beneficios adicionales, políticamente atractivos pero fiscalmente riesgosos. En efecto, la creación de un fondo estatal de esta magnitud presenta complejidades importantes. Por un lado, buena parte de los fondos recaudados constituirá, en los hechos, un sistema de reparto sustentado en una suerte de nuevo gravamen al trabajo, el cual, junto con otros incrementos en los costos laborales, plantea un serio desafío para el empleo en Chile. Y, por otro lado, en una de las aristas que preocupan de estas indicaciones, se valida un acuerdo político transversal que oculta un pasivo fiscal relevante. Es difícil entender de otra manera la naturaleza del referido préstamo.

En lo que respecta a la organización de la industria, los cambios son importantes y mayores a lo anticipado. No solo se plantea la controvertida licitación de stocks de afiliados, sino que virtualmente se elimina el encaje. Menores costos de entrada a la industria son positivos, pero esa cuasi eliminación puede llevar a administradoras de dudosa calidad a postular con muy bajos costos, apalancadas en la autorización que se le entrega al Instituto de Previsión Social (IPS) para administrar cuentas.

Más preocupante, sin duda, es la puerta que se abre a un administrador estatal de inversiones, que el Gobierno explícitamente anunció. La combinación de aquello con una licitación de stocks donde los trabajadores son asignados automáticamente arriesgaría llevar inexorablemente a una presencia dominante del Estado en la administración de fondos de las cuentas individuales, sin tener mayores ventajas en ello. La minuta difundida por el Gobierno entre sus parlamentarios, donde señala que estos cambios “abren la puerta” para avanzar hacia el fin de las AFP no puede tomarse a la ligera. Por lo mismo, debiera prohibirse explícitamente la existencia de un administrador estatal en conjunto con la licitación de stocks, si esta última prospera. Junto con ello, deberían establecerse criterios más claros para la participación de otras administradoras, de modo que la mayor competencia no signifique el manejo de fondos previsionales por parte de actores inescrupulosos.

Es comprensible la expectativa de Chile Vamos de fortalecer con este acuerdo la capitalización individual como eje del sistema previsional chileno y justificar así las concesiones hechas. Con todo, las palabras del ministro de Hacienda en entrevistas de televisión y los términos de la minuta entregada por el Gobierno a sus parlamentarios con los argumentos en defensa del acuerdo hacen temer que el objetivo explícito de instalar un sistema de seguridad social que elimine a las AFP, entregue un rol predominante al Estado en la administración de los fondos y profundice la lógica del reparto, seguirá presente en la plataforma programática que las candidaturas de izquierda en pocos meses presentarán al país, erosionando parte de los beneficios de estabilidad y certidumbre del sistema previsional que animan a los negociadores de oposición. La particular forma en que se implementará el acuerdo, conforme a la cual recién al tercer año un porcentaje de la cotización adicional llegará a las cuentas individuales, acrecienta esta inquietud.

Las fases siguientes de tramitación de la propuesta, incluido tanto su debate en la sala del Senado como el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, estarán probablemente marcadas por estos temas y las interrogantes que dejan abiertas.