La disminución del presupuesto destinado al Ministerio Público es de las cosas más sorprendentes de estos días. En una sociedad en la que, por múltiples causas, la infracción de la ley penal se hace frecuente y en la que el crimen amenaza convertirse en industria —con la racionalidad propia de una empresa capitalista, solo que aplicada a la producción de delitos—, la disminución de recursos destinados a las fiscalías es incomprensible.

Era difícil imaginar una mayor inconsistencia entre las urgencias sociales y esta decisión.

Pero ¿tendrá alguna forma de justificarse o explicarse? Veamos.

Desde luego, puede decirse que mientras los recursos destinados a las fiscalías disminuyen, aquellos dirigidos a las policías se mantienen. Y, podría continuar el argumento, como las policías son las que previenen el crimen e incluso, en los hechos, lo investigan en todos sus pormenores, el asunto no es tan grave. Después de todo, se podría concluir, lo que importa es la prevención del delito, impedir que ocurra o incluso reprimirlo si es necesario, de manera que, si fue necesario elegir, por decirlo así, entre un policía y un fiscal, la elección a favor del primero está plenamente justificada.

Ese argumento olvida, sin embargo, que quien aplica las penas y determina quién es responsable de qué no es la policía, sino la justicia, y que para que esta última pueda obrar con legitimidad se requiere que el Estado, antes de ejercer la fuerza contra quien infringió la ley, sea que se trate de un ratero o de una empresa criminal, debe investigar y, como consecuencia de ello, proveer pruebas que satisfagan un alto estándar y argumentar esgrimiendo las razones que subyacen en las reglas.

Y todo eso lo hace el Ministerio Público. El Ministerio Público evita que el crimen quede impune, nada menos, y es la forma en que el Estado, antes de ejercer la fuerza sobre una persona, justifica ante la ciudadanía que cuenta con legitimidad y con razones compartidas por todos para hacerlo. En otras palabras, el Ministerio Público hace posible que las penas penales se apliquen por parte de los jueces (los jueces son árbitros en la disputa entre los fiscales y la defensa) de manera que la severidad y la prontitud de la respuesta penal frente al delito dependen de los fiscales que lo integran y la responsabilidad y prontitud con que ejerciten su quehacer. Pretender que el delito deba castigarse o perseguirse disminuyendo o debilitando el aparato de persecución penal es un grave error.

Una sociedad con policías fuertes y una fiscalía débil aminora y debilita el castigo penal.

Nada se saca con reprimir o prevenir el delito en las calles si, al mismo tiempo, las organizaciones delictuales, tanto las que cometen delitos de violencia como las de cuello y corbata, incluidos los propios políticos que no pocas veces se apartan de la ley y la traicionan, no son llevadas a juicio. Llevar a juicio a quienes delinquen está a la base del Estado de Derecho, porque es la muestra de que el Estado no está dispuesto a tolerar que se infrinja la ley, ni por los ciudadanos ni por él mismo, puesto que se esmera en someterse a las máximas exigencias ante un juez imparcial antes de ejercer la coacción.

Lo propio del Estado de Derecho no es solo que existan reglas, sino la disposición del Estado a someterse a ellas. Y como el rasgo más propio e íntimo del Estado es la coacción, disminuir o debilitar el Ministerio Público, que es quien asegura que la coacción sea justificada y legítima, equivale objetivamente a poner al Estado ante un dilema: o se resigna a disminuir la coacción estatal contra el crimen, o se ve puesto en la necesidad de ejercerla al margen de las reglas.

Y eso es lo que se ha olvidado o ha quedado en la penumbra del análisis cuando se ha decidido recortar, como sin mucha elegancia se ha dicho, el presupuesto del Ministerio Público sin advertir que al hacerlo se recorta también la capacidad del Estado para sancionar el crimen.

Carlos Peña