Los chilenos nos hemos acostumbrado a la descalificación y a la simplificación caricaturesca de la persona y argumentos del adversario político. Añoramos una relativa amistad cívica que caracterizó al debate público en el pasado; pasado que no sentimos sea tan lejano y que hoy, sin embargo, parece haberse esfumado.

En este ambiente implacable y cruel, no deja de sorprender la prudencia con la que la opinión pública ha tratado a las dos autoridades directamente involucradas en la polémica por la venta de la casa del expresidente Allende. Las referencias e interpelaciones hechas a la ministra Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende por medios y líderes han sido sumamente cautelosas y deferentes, incluso de parte de quienes cuestionan severamente la compraventa y exigen hacer efectivas las responsabilidades.

Se ha dicho que ambas políticas han “sido puestas en una situación muy difícil” por el Gobierno y su falta de rigor. Se ha señalado una y otra vez que ellas nada han ganado en lo personal. Se ha destacado su seriedad e impecable trayectoria, y aun quienes piden sanciones subrayan que existe una responsabilidad objetiva, vale decir, que la cesación en el cargo procede “aun cuando la senadora se encontrase de buena fe”.

Este respeto y nivel de debate es virtuoso y loable. Se respeta a las personas (Fernández y Allende), y a las instituciones democráticas (presunción de inocencia y despersonalización de la responsabilidad infraccional objetiva). Es, de algún modo, un resabio de la amistad cívica perdida y añorada.

Dicho esto, el asunto deja expuesta también una segunda cuestión relevante. La deferencia que se prodiga hoy a la ministra y a la senadora deja al descubierto la abismante diferencia con la que algunos medios y líderes presentan, juzgan y absuelven (o condenan), públicamente y sin titubear, a autoridades y personas que se ubican en lados contrarios del espectro político. No hay aquí reciprocidad alguna.

Lo de Allende y Fernández hoy, recuerda la respetuosa credibilidad atribuida transversalmente al ministro Montes en el contexto del caso Convenios. Recuerda también a la sorpresiva defensa de la presunción de inocencia por parte de las ministras feministas en el caso Monsalve. Contrasta, por el contrario, con la verborrea condenatoria con la que ciertas fuerzas políticas y medios suelen increpar a líderes empresariales, o a líderes y autoridades de centro o de derecha tan pronto cualquier trascendido (o filtración) los vincula directa o indirectamente con situaciones cuestionables desde el punto de vista de la ética pública. En estos casos, todo vale para condenar y nada para presumir inocencia, reconocer trayectoria, alegar error o inadvertencia, suspender el juicio o despersonalizar responsabilidades objetivas.

El umbral al que debiésemos aspirar es al demostrado hoy con Fernández y Allende. O, si se quiere, el guante de seda debiese estar disponible para ambas manos, y no solo para la mano izquierda.

Fernanda García