En los últimos años, hemos presenciado una explosión de barberías, tiendas de mascotas y ópticas, lo que plantea interrogantes sobre si estos fenómenos responden a un aumento real de la demanda o a estrategias para lavar dinero. Sin conocer a los verdaderos propietarios de estas empresas, resulta prácticamente imposible disipar estas dudas.

Tampoco sabemos, por ejemplo, quiénes son los dueños reales de los clubes de fútbol en Chile. Esta falta de transparencia fomenta prácticas ilícitas y antideportivas, como arreglos de partidos o ventas de jugadores a precios artificiales. ¿Existen árbitros con participación en algún club? No lo sabemos.

La causa de esta incertidumbre es la ausencia de un Registro de Beneficiarios Finales (RBF) que abarque a todas las personas jurídicas, tanto con fines de lucro como sin ellos, además de otras entidades como los fondos de inversión. Este registro permitiría identificar a los verdaderos dueños o controladores, mostrando las fracciones de propiedad que poseen, ya sea de manera directa o indirecta, incluso a través de intrincadas estructuras societarias.

Construir un RBF no es tarea sencilla. En el caso de un club deportivo, por ejemplo, implica identificar a los propietarios de las cuotas del club; a los dueños de las sociedades y fondos que poseen esas cuotas; a los dueños de las sociedades y fondos que, a su vez, son propietarios de otras sociedades y fondos que poseen cuotas, y así sucesivamente, hasta llegar a las personas físicas que son los beneficiarios últimos.

Durante décadas, Londres fue un paraíso para el lavado de dinero de oligarcas rusos y otras fuentes de riqueza ilícita. En 2023, un reportaje del Financial Times estimó que la ciudad contaba con 84 mil propiedades, muchas de alto valor, registradas a nombre de empresas fantasmas sin información sobre sus beneficiarios finales. La invasión de Ucrania empujó al gobierno británico a implementar, finalmente, un RBF efectivo.

Un RBF es una herramienta crucial contra la corrupción y la evasión fiscal, ya que dificulta ocultar recursos ilícitos. También sirve para prevenir la colusión, no solo entre clubes deportivos, sino en compras públicas, al identificar cuándo un mismo propietario participa con varias empresas en una licitación. Además, permite detectar conflictos de interés, como el de un funcionario público que toma decisiones que afectan a empresas donde posee participación. A nivel global, los RBF se han convertido en un instrumento esencial en la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué ha hecho Chile en esta materia?

La creación de un RBF ha sido un tema recurrente en la agenda pública durante casi una década. Su impulso inicial provino de Jeannette von Wolfersdorff en 2016. La Unidad de Análisis Financiero coordinó un grupo de expertos que evacuó un informe sobre el tema en 2020. Un año después, el Ejecutivo presentó otro informe, esta vez encargado a la OCDE, que incluía recomendaciones para la implementación del RBF. Sin embargo, estas iniciativas encontraron resistencia; por ejemplo, un líder empresarial argumentó que el RBF era innecesario y que Chile no debía adoptar políticas simplemente porque fueran promovidas por organismos internacionales.

En 2023, la nueva ley de compras públicas dio un primer paso al exigir que los proveedores del Estado transparentaran a sus beneficiarios finales. Posteriormente, la Comisión Jaraquemada, formada tras el caso Convenios, propuso la implementación de un RBF que incluyera a todas las personas jurídicas, tanto con fines de lucro como sin ellos, propuesta que fue respaldada por la CPC. En diciembre de 2023, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que amplió significativamente el alcance del registro, aunque excluye a más organizaciones sin fines de lucro de lo que sería recomendable. A pesar de que el Ejecutivo ha otorgado urgencia al proyecto, su avance en la Comisión de Hacienda del Senado ha sido sumamente lento.

Mientras tanto, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), institución intergubernamental que lidera la lucha contra el lavado de activos, situó a Chile por debajo del promedio latinoamericano en transparencia de beneficiarios finales, superado por países como Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.

Desconocer quiénes son los beneficiarios finales de cualquier persona jurídica genera un terreno propicio para el incremento de conductas ilícitas. Cuanto más se retrase la aprobación de un RBF, mayor será la influencia del dinero negro sobre nuestra democracia. El Senado de Chile tiene en sus manos una herramienta clave para combatir la corrupción, la evasión tributaria, la colusión y, sobre todo, asestar un golpe decisivo al crimen organizado. Alcanzar un acuerdo parece posible. ¿Qué están esperando?