Los últimos días han sido devastadores para quienes creemos que la libertad para emprender, el crecimiento económico (que a su vez es el único camino para resolver los graves problemas sociales que aquejan al país), el premio al mérito, la eficiencia en el gasto público y la responsabilidad gubernamental ante los ciudadanos son los elementos claves para el progreso. El gasto público se incrementa, como lo hace también la deuda fiscal; los empleados públicos han aumentado en un corto período en cien mil personas llegando a un total de casi un millón. Y ¿qué beneficios ha traído ello a quienes a través de nuestros impuestos (incluidos los de los más pobres) financiamos esta burocracia creciente? La educación pública exhibe índices inaceptables; la criminalidad no cesa; la institucionalidad ambiental no funciona; y no hay un solo ministro o asesor gubernamental que haya sido capaz de detectar la inconstitucionalidad de una transacción entre una ministra de gobierno o una senadora y el Estado.

Cabe señalar que la obligación principal de cualquier gobierno —ya que para eso fue originalmente instituido— es preservar la seguridad pública y hoy día, como aseveró el expresidente Frei recientemente, nadie en Chile puede dormir tranquilo en las noches, debido al aumento vertiginoso del crimen organizado, el narcotráfico y una delincuencia cada vez más violenta.

Por otra parte, todos los pensadores, incluidos los más liberales, sostienen que un deber ineludible de los gobiernos es asegurar el acceso a la educación, muy especialmente de los más pobres. Y ¿qué constatamos respecto a la educación pública actual? Pues bien, que los liceos emblemáticos, que fueron el factor determinante para producir la verdadera movilidad social en los más altos cargos, permitir una élite diversa y variada y ofrecer oportunidades a los talentos existentes en el país, han perdido los atributos que los distinguieron a través de su historia; y que en las pruebas de selección para las universidades, entre los cien mejores colegios según el puntaje PAES, noventa y ocho son particulares pagados, uno es particular subvencionado y solo uno es administrado por un municipio.

¿Qué podemos decir respecto a la forma en que funcionan nuestras instituciones? Entre otras falencias, se ha creado una institucionalidad ambiental, imagino que a un costo significativo, que es absolutamente inoperante, pues se da el caso de que una resolución de un tribunal de justicia independiente puede ser totalmente ignorada por el Poder Ejecutivo, a través de una decisión política de un comité de ministros.

Y, sin perjuicio de los muchos servidores públicos probos y dedicados que sirven al país, el hecho es que entre los ministros y sus múltiples asesores no hubo una sola voz que advirtiera la inconstitucionalidad de la compra de la casa de la familia de Allende por parte del Estado.

Tenemos una burocracia excesiva e ineficiente, procesos largos, y regulaciones y procedimientos engorrosos para todas las transacciones que involucran al Estado, los cuales ahogan la creatividad y la capacidad para adaptarse al cambio, que sí es veloz e impredecible. Esto es lo que ahoga el crecimiento económico y asfixia la inversión. Más importante aún, opaca la transparencia exigible y hace muy difícil —como ha quedado claro recientemente— garantizar la rendición de cuentas de los gobiernos y determinar las responsabilidades por las malas decisiones. Además, debilita la confianza pública y aumenta la desigualdad.

Con razón Adam Smith sentenció hace ya casi 250 años que “las grandes naciones jamás son empobrecidas por la prodigalidad y mala conducta de los particulares, pero sí lo son por el despilfarro público”, pues “son ellos (los gobiernos), siempre y sin excepciones, los más grandes dilapidadores de la sociedad”.