Personeros de gobierno y oposición trabajan intensamente en procura de un acuerdo que reforme el sistema de pensiones.

Cerrar este capítulo se ha transformado en una prueba mayúscula para la política chilena. Estudios de Cadem y de Activa (Pulso Ciudadano), de esta semana, vuelven a ratificar que la aspiración por mejores pensiones ocupa un lugar muy alto en las preocupaciones ciudadanas. El cuestionamiento al sistema vigente es tremendo y se encarna en la bajísima valoración de las AFP.

Desde el informe Marcel de 2006 han pasado casi 20 años, marcados por iniciativas legales fracasadas en los gobiernos de Bachelet y Piñera, y respuestas parciales muy relevantes, pero incompletas, como el Pilar Solidario (2008) y la Pensión Garantizada Universal (2022).

Los objetivos deberían ser claros: aumentar las actuales pensiones, que crezca el ahorro previsional de largo plazo para que las tasas de reemplazo permitan una vida digna, que bajen las actuales comisiones cobradas por los administradores y se alineen con el desempeño en rentabilidad de los fondos a su cargo; que puedan existir opciones públicas y privadas en la administración, y que se atienda la discriminación entre hombres y mujeres. El modelo debe ser sustentable fiscalmente.

Candidatos presidenciales han salido a la palestra al respecto. Para Daniel Jadue, el proyecto debe ser retirado. Cualquier iniciativa que no termine con las AFP es un fracaso y la consolidación del modelo neoliberal. Es una postura que refleja una completa desinformación respecto del origen de la crisis actual, pues esta tiene muchas más causas que el solo modelo de administración.

Otra candidata presidencial, Evelyn Matthei, presionada por la extrema derecha, hizo uno de sus clásicos virajes y señaló en una hermética comunicación su preocupación por el futuro y “eventuales consecuencias graves no buscadas”. Además, cuestiona aspectos del proyecto calificándolos como acciones constitutivas de reparto. Parece ser que, por el lado de la derecha, expresiones como “solidaridad” o “seguro social” son infamantes.

La vieja tesis de compartir riesgos entre grupos de la sociedad para reducir el impacto de eventos por venir es antigua. Godofredo Leibniz, el famoso filósofo alemán, fue el primero en proponer esta noción de compartir riesgos ante posibles e inciertos desastres naturales. Eso fue a principios del siglo XVIII. Y ese pensamiento ha definido una modalidad que ha permitido a los países enfrentar sus incertidumbres.

Pero aquí domina la idea “Con mi plata no” y, por tanto, según la derecha, la tesis del filósofo alemán puede descansar en paz. Que cada quien se rasque con sus uñas. Y además, tampoco se respalda una reforma tributaria que aporte recursos para enfrentar el problema.

No parecen anticipar el hecho de que si no se incluye algún mecanismo solidario en las pensiones, la gran mayoría de los chilenos no podrá vivir de una pensión autofinanciada, y ello implicará no solo futuros efectos fiscales (aumento exponencial del contingente en PGU), descrédito del sistema e inestabilidad social. Es decir, no logran ver el aporte solidario como un seguro de cohesión social con el que ganan todos, los que ponen más y los que ponen menos.

Probablemente, también está operando el cálculo menor: que para un sector de la derecha sea impensable concederle al Gobierno lo que podría ser visto como un triunfo. Eso podría estar primando, muy poco generosamente, por sobre acordar un avance que implique buenas noticias para la gente.

Todavía hay tiempo, aunque muy poco, para que prime la sensatez y la mirada de largo plazo por sobre el oportunismo político.