El proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento público a la educación superior (FES) fue aprobado en general por la comisión de Educación de la Cámara. La iniciativa legal suprime el CAE y lo reemplaza por el FES, un aporte del Estado a todos los estudiantes de la educación superior que requieran financiar sus estudios con fondos públicos.

La propuesta significa un cambio radical en el sistema de financiamiento que amenaza frenar el desarrollo de las instituciones y desmotivar a los futuros profesionales, ejes vitales en el progreso de los países. Robert Lucas, premio Nobel de Economía, señalaba que “la principal fuerza que explica el crecimiento es la acumulación de capital humano: el conocimiento”. En la historia moderna, la mayor evidencia sobre la importancia de las universidades en la prosperidad económica, social y cultural de los países ha sido su rol en la formación de profesionales como su liderazgo en los procesos de innovación, que explican alrededor del 50% del progreso de la humanidad en el último siglo.

Pero ¿cualquier sistema universitario produce ese tipo de conocimiento? Claudia Goldin, premio Nobel de Economía, afirma que Estados Unidos lidera el “Siglo del Capital Humano”, refiriéndose al siglo pasado y al presente, dando singular relevancia a la capacidad de reacción de la oferta educativa a la nueva demanda por conocimiento. Eso exige flexibilidad, competencia, transparencia y la relevancia de contar con financiamiento mixto público y privado, aspectos virtuosos de la regulación universitaria norteamericana.

¿Y cómo es el caso chileno? Respecto de la cobertura en la educación terciaria, en poco más de 20 años pasamos de una cobertura neta de alrededor de 13% a una de 42%. Según datos OCDE, la brecha entre Chile y EE.UU. para la población de entre 55 a 64 años es de 22,1 puntos. Esta misma brecha en el grupo entre 25 y 34 años se ha reducido a 11,7 puntos, siendo una poderosa palanca de movilidad social.

En materia de producción científica por habitante, lo cual se realiza íntegramente en las universidades, en estos mismos 20 años, medido en relación con EE.UU., somos el país líder entre los principales de Latinoamérica. En la actualidad, Chile produce alrededor de un 34% de los artículos per cápita de Estados Unidos, lo que es el doble de Argentina y el triple de México.

¿Qué explica estos auspiciosos resultados? Acceso, competencia, flexibilidad e innovación. Chile abrió el sistema a la creación de nuevas instituciones —había ocho universidades a principios de la década del 80, hoy son 58 entre estatales, privadas tradicionales y nuevas. Las reformas también generaron más información y transparencia. Además, los mecanismos de acreditación subieron los estándares en materia de exigencias y ello, sumado a la presión competitiva, promovió el aumento de la calidad. A lo anterior hay que agregar el importante impacto de la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.

Desgraciadamente, la reforma que avanza en el Congreso significa un grave retroceso para continuar la exitosa tendencia de nuestro sistema universitario. Son varias las razones: a) Introduce un impuesto a los profesionales, es decir, un gravamen al capital humano, principal palanca del progreso. Impuesto que desalentará el empleo formal y en el mundo global que vivimos, dará una ventaja relativa a profesionales extranjeros. b) Los recursos para el sistema van a pasar por la intermediación del Gobierno, con el consiguiente impacto en la autonomía y la sustentabilidad de las instituciones. c) Se van a fijar los valores de los aranceles y los cupos en todas las carreras, lo cual obliga a extender un proceso iniciado con la gratuidad, cuya experiencia —dadas las mermas de ingresos en las instituciones adscritas— probó que en el sistema universitario el financiamiento no puede ser monopolizado por el Estado. Fijar más de 5.000 aranceles es el sueño de un “planificador soviético”, pero resulta imposible en un servicio que no es homogéneo.

Con todo, lo más grave es el retroceso en la competencia y la calidad del sistema. Surge entonces una pregunta obvia: ¿por qué no hay ningún país de la OCDE que haya propuesto una reforma con estas características? Una cosa es reformar las ayudas estudiantiles corrigiendo sus fallas y reprogramar las deudas, pero otra es, con cierta ceguera ideológica, introducir una política pública contraria a aquellas que han mostrado buenos resultados, en un sector tan determinante para el progreso y la equidad en nuestro país.

Cristián Larroulet Vignau
CIES UDD
Carlos Williamson
Clapes UC