Al terminar un difícil año 2024, sería muy deseable que los noticieros, las editoriales y los diversos gremios exigieran al Estado una mayor coordinación, eficacia y la reestructuración de la ineficiente burocracia que dilapida nuestros escasos recursos. El año 2025 podría ser el comienzo de un debate elevado, transversal, para exigir más compromiso e idoneidad a los funcionarios, y más transparencia en el uso de los recursos de todos los chilenos. Ojalá reivindicar el sentido del bien común, que consiste en priorizar el bienestar general sobre intereses particulares. El país necesita acuerdos en torno a lo esencial.

Todo presidente de Chile, todos los parlamentarios y jueces son súbditos de la Constitución y de la Nación a la que sirven. Esa es la condición en que asumen cuando juran respetar el orden constitucional. Sea en Chile o en el extranjero, siempre su función es representar los intereses de Chile, aunque tengan diversas sensibilidades políticas. Una vez investidos en el poder, simbolizan la legitimidad fundacional de nuestra República, que no es ocasional sino indisolublemente unida a nuestra historia. Con esa legitimidad, reforzada por el proceso democrático, deben actuar con altura. Quien ejerce como Presidente, parlamentario o juez, y hasta el último funcionario, es receptor (y no origen) de una responsabilidad delegada por el pueblo de Chile. Si al menos esas tres instituciones fundamentales —presidencia, Congreso y judicatura— no cuentan con el respeto ciudadano debido al —a menudo— comportamiento inadecuado de muchos de sus integrantes, todo el país se ve afectado, pues su función es guiar y unir.

No es lo mismo ser jefe de una oficina civil que de una de gobierno, pues en esta los errores los sufre mucha gente y además se afecta la fe pública y la cohesión del país. Se supone que el alto honor que se les confiere es para dar sentido a los esfuerzos que hacen día a día todos los ciudadanos. Y es público y notorio que los chilenos sienten frustración por el mal uso de los recursos, que llegan exiguamente a los más necesitados, sobre todo a los niños por la creciente decadencia de la educación pública, donde Chile antes se lucía en la región. Muchos políticos y parlamentarios que justificaron o callaron frente a las tomas y la destrucción de liceos y monumentos en el estallido, eligen colegios particulares para sus hijos, también salud privada, mientras tantos sufren las penurias de las malas políticas.

Si los que representan la autoridad, de la cual depende el funcionamiento del sistema democrático, no asumen su responsabilidad y cuidan las instituciones y nuestro dinero con transparencia, Chile seguirá cuesta abajo. En un año de elección, el énfasis de las discusiones de autoridades y periodistas debería estar centrado en exigir a los postulantes a cargos públicos el deber ético de estar capacitados para ejercerlos con eficiencia y honorabilidad.