La propuesta del subsecretario Cordero de regularizar la situación de un grupo de inmigrantes indocumentados ha abierto un debate interesante.

Un grupo de parlamentarios ha reaccionado frente a las cámaras —como ya parece frecuente— mostrando mucha indignación y pocas propuestas. Posiblemente motivados por las encuestas que muestran una caída en la valoración del fenómeno migratorio, deciden mostrar mano dura. Sin embargo, no queda claro el curso de acción que proponen. En contraste, dos importantes líderes gremiales reaccionaron respaldando al subsecretario Cordero. Uno de ellos, Ricardo Mewes, presidente de la CPC, señaló en La Segunda: “La migración es buena para el país y lo ha sido históricamente”.

La propuesta, cuyos detalles desconocemos, buscaría regularizar la situación de residencia de personas que ingresaron y viven en nuestro país sin autorización para hacerlo.

A primera vista, la idea pareciera no tener mayor sentido. ¿Por qué debiéramos acomodar las reglas a quienes las han vulnerado? Esto parece injusto, incluso, respecto de quienes sí hicieron esfuerzos por respetarlas desde un comienzo. Además, se dice, una medida de este tipo podría inducir a otros a ingresar en forma irregular y acrecentar el problema en vez de acotarlo. Todo esto, además, en un contexto donde el fenómeno migratorio ha perdido respaldo popular y la ciudadanía demanda mayor control de las fronteras.

El problema es que, querámoslo o no, existe un número grande e indeterminado de personas en situación irregular y mantener esa situación sin innovaciones puede ser un problema mayor. No resulta aventurado pensar que en este grupo conviven migrantes diversos, desde quienes controlan el tráfico irregular en la frontera, otros que participan del crimen organizado y quienes abandonaron su país en busca de mejores oportunidades para sus familias y actualmente incluso están trabajando y aportarían con sus cotizaciones al Estado. ¿Vale la pena mantener bajo un mismo estatus a una población diversa con diferentes aspiraciones y posibilidades de contribuir? ¿Qué incentivos activa la situación actual sobre estos grupos?

La propuesta del subsecretario Cordero, además de reconocer una situación compleja, busca gestionar pragmáticamente objetivos importantes de una política migratoria: mayor control respecto de quienes residen en nuestro país y dar incentivos para que se integren favorablemente.

En cuanto al cumplimiento de las reglas, una regularización acotada —esto es, bajo criterios estrictos de arraigo y no criminalidad, como los expuestos por el Servicio Jesuita Migrante— puede ayudar a fortalecer su cumplimiento en vez de debilitarlo. La población indocumentada es heterogénea y bloquear la posibilidad de regularizar a un grupo que puede documentar su contribución hecha desde hace varios años deja en una misma posición situaciones diversas ahí donde precisamente uno quisiera hacer una distinción.

Por otro lado, como lo muestran experiencias en lugares como Colombia o Italia, la regularización se puede traducir en impactos positivos sobre la población migrante y nativa. Mantener a toda esa población en situación irregular bloquea las posibilidades de aporte que ellos esperan y pueden hacer.

Por último, está el problema de la señal que emitiría la ley: un eventual incentivo para que nuevos migrantes ingresen en forma irregular. A diferencia de quienes creen saber este número de antemano, lo cierto es que es muy difícil de predecir si algo así resultaría significativo en la práctica. Parece más razonable pensar que la contribución de una señal de ese tipo sea sustancialmente menor que el verdadero motor de la migración que guarda más relación con crisis en los países de origen.

Por supuesto, una medida como esta no está exenta de riesgos y su efectividad se juega en los detalles. Esperamos que el debate se conduzca razonablemente, atendiendo a la complejidad del problema y, en vez de evitarlo o remitirnos a una época donde no existía, apostemos por afrontarlo y gestionarlo como requiere.

Patricio Domínguez
Profesor Ingeniería UC Presidente de Espacio Público