El período legislativo de este año acaba de finalizar sin que se cumpliera el compromiso de la comisión de Trabajo del Senado y el Gobierno de terminar la revisión de la reforma a las pensiones. Cabe destacar que este no es el único compromiso legislativo incumplido. Sin la misma visibilidad pública, lo mismo ha sucedido con la promesa de tener lista la discusión del proyecto de ley de modernización de la educación parvularia en la comisión de Educación del Senado.

Este proyecto ingresó al Congreso al mismo tiempo que la indicación sustitutiva del proyecto de ley sala cuna para Chile que busca reformar el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a toda empresa que contrate al menos veinte trabajadoras a proveer servicios de sala cuna.

El proyecto de modernización cumple un rol importantísimo, pues intenta abrir el camino para que la expansión del derecho a sala cuna traiga mayores oportunidades laborales a las mujeres, asegurando al mismo tiempo la calidad de la educación a nivel parvulario. En efecto, el proyecto tiene como objetivo principal sentar las bases para que la autoridad cuente con las herramientas necesarias para regular el funcionamiento de estos establecimientos y garantizar que sean espacios educativos de calidad.

Un primer elemento del proyecto busca recopilar información y construir un registro para conocer la oferta (dónde están los establecimientos, cuántos cupos tienen, cuántos niños y niñas están matriculados, etc.). Hoy solo se cuenta con información de los establecimientos que cumplen con los requisitos del Registro Oficial o la Autorización de Funcionamiento, certificaciones de calidad que otorga el Ministerio de Educación. Hoy menos de la mitad de los jardines que reciben fondos del Estado cuentan con el registro y se tiene muy poco conocimiento de lo que sucede en el sector privado. Sin información fehaciente, es imposible hacer política pública.

Tener este registro facilitará un segundo objetivo del proyecto: evitar que niños y niñas estén matriculados en más de un jardín que recibe fondos estatales, liberando espacios para elevar la capacidad efectiva del sistema y permitiendo estimar con mayor precisión las necesidades de cobertura.

Un tercer elemento guarda relación con el ordenamiento de la oferta privada, partiendo por identificar a establecimientos que bajo diversas denominaciones (guarderías, afterschool, centros de estimulación) entregan un servicio sin que se pueda verificar que cumplan con la normativa educacional.

El proyecto también busca dar un marco legal a los programas alternativos que ofrece Junji que han traído diversidad educativa y horaria al sistema. Asimismo, busca definir con mayor claridad los calendarios de atención.

Un aspecto importante de este proyecto era la extensión por diez años del plazo para que los jardines cumplan con los requisitos del Reconocimiento Oficial que vencía a fin de mes. Los estándares jurídicos, técnicos y de infraestructura del sistema son altamente exigentes y han sido difíciles de alcanzar por buena parte de los establecimientos, sin que ello necesariamente signifique que no tengan calidad suficiente. El vencimiento significaba que buena parte de la matrícula en este nivel se quedaría sin financiamiento público, con graves consecuencias para las familias. La solución fue resolver la premura en la Ley de Reajuste del Sector Público, extendiendo el plazo por un año más.

De acuerdo con lo comprometido por el propio Senado y el Gobierno, el proyecto debió haberse votado ya en la comisión. El ingreso de un conjunto de indicaciones complicará el debate de un proyecto que es sencillo y poco controversial, que solo busca sentar las bases para monitorear la oferta.

No hay dudas de que existen rezagos en la educación parvularia que deben ser atendidos. Pero el país lleva al menos tres décadas intentando destrabar una reforma al artículo 203 del Código del Trabajo. El proyecto de modernización que lo acompaña es una pieza central en esa tarea. Dilatarlo intentando resolver otros temas ahora dejará una vez más a la ciudadanía esperando por una reforma con el potencial de impactar positivamente en las oportunidades de mujeres y de entregar a sus hijos e hijas un servicio educativo de calidad.