Se aproximan días cruciales para la aprobación de una reforma de pensiones. Las partes involucradas intensifican sus esfuerzos para promover sus posiciones, las controversias se multiplican y resulta fácil perder de vista el panorama general. Para comprender la relevancia de lo que está en juego, a continuación, se analizan cinco dilemas clave de cara a una posible reforma.

¿Subirán las pensiones de los actuales jubilados?

El Gobierno ha planteado destinar una parte de los 6 puntos adicionales de cotización para asegurar una pensión adecuada a todos los afiliados, incluyendo a quienes ya están jubilados y enfrentan las mayores brechas en las tasas de reemplazo. Por su parte, la oposición ha mostrado disposición a respaldar esta propuesta, siempre que la contribución de los trabajadores sea considerada un préstamo que el Estado reembolsará, con intereses, al momento de la jubilación.

En ese contexto, esta medida involucra gasto fiscal y un aumento de la deuda pública o un pasivo contingente, lo cual debe evaluarse en un marco de responsabilidad fiscal y estar respaldado por fuentes de financiamiento.

¿Subirá la PGU?

La propuesta original del Gobierno contemplaba aumentar la PGU a 250 mil pesos mensuales e incluir al decil con mayores ingresos en este beneficio. Sin embargo, el jueves, en la comisión de Trabajo del Senado se acordó mantener el aumento, pero excluir al decil más rico.

Aunque la PGU representó un avance importante en seguridad social, también implica grandes riesgos fiscales, especialmente en años electorales, cuando pocos legisladores estarán dispuestos a oponerse a un aumento. El acuerdo alcanzado es un compromiso razonable: Chile puede postergar la incorporación del decil más rico, pero es necesario complementarlo con una institucionalidad que garantice que los futuros incrementos de la PGU estén vinculados al crecimiento de la productividad.

¿Se incorporará la equidad de género?

Existe un consenso general sobre la injusticia de que una mujer, habiendo ahorrado lo mismo que un hombre, reciba una pensión menor debido a su mayor esperanza de vida. Todo indicaba que este consenso se reflejaría en la reforma, destinando 0,5 de los 6 puntos adicionales de cotización para reducir esta brecha.

No obstante, esta semana, el presidente de la UDI, tras fuertes críticas de su contraparte de republicanos por apoyar esta medida, retiró su respaldo. En su lugar, anunció que buscará una alternativa que no implique utilizar los 6 puntos adicionales de cotización.

¿Se separará la industria?

El proyecto de ley original buscaba separar las actividades de soporte e inversión de las AFP. La justificación técnica es que sería beneficioso introducir más competencia en la gestión de inversiones y aprovechar las economías de escala en las actividades de soporte. Sin embargo, durante la discusión del proyecto se reveló que este último aspecto tiene mucho menos relevancia de lo que inicialmente se creía.

En un principio, la oposición rechazó esta propuesta y la idea fue descartada. No obstante, en semanas recientes, algunos expertos cercanos a las AFP, uno de los cuales tuvo la gentileza de visitarme, han planteado la posibilidad de implementar una separación voluntaria. Según esta propuesta, una empresa podría ser propietaria tanto de una entidad de soporte como de otra dedicada a inversiones. Su atractivo radica en que permitiría al Gobierno afirmar que la reforma “terminó con las AFP”, sin alterar significativamente la estructura del sistema actual.

¿Se licitarán paquetes de afiliados antiguos?

Dado que el Estado nos obliga a contratar los servicios de una AFP, es su responsabilidad garantizar que estos se ofrezcan de manera eficiente y a un precio razonable. Sin embargo, un estudio de Salvador Valdés reveló que las AFP tienen retornos extraordinariamente altos y operan con poca eficiencia.

¿La solución? Implementar licitaciones de paquetes de afiliados antiguos. Esta medida generaría un beneficio anual de 750 millones de dólares para los afiliados, al reducir tanto las utilidades extraordinarias como las ineficiencias derivadas de la falta de competencia entre las administradoras.

Lamentablemente, las AFP han expresado una fuerte oposición a esta iniciativa, argumentando que su implementación presenta diversos problemas técnicos, lo que ha generado incertidumbre entre los legisladores. No obstante, técnicos independientes, incluido Salvador Valdés, han respondido de manera convincente a estas objeciones. La aprobación de estas licitaciones no solo implicaría un aumento significativo en la eficiencia del sistema, sino que también enviaría una clara señal de que el sistema político no está subordinado a los intereses de un grupo particular.

¿Qué quiere la gente?

Según una encuesta reciente de Espacio Público, en colaboración con la OIT, el PNUD e Ipsos, un 89,6% de las personas está a favor de una reforma de pensiones. De los encuestados, un 81% responsabiliza a los políticos o a las AFP de las dificultades para alcanzar un acuerdo. La ciudadanía, además, busca que las pensiones combinen un reconocimiento al esfuerzo de ahorro con elementos solidarios: un 57% apoya que las y los cuidadores reciban un aporte de los demás trabajadores y, al mismo tiempo, un 52% desea que la cotización adicional se destine exclusivamente al ahorro individual. Lo más novedoso de esta encuesta es que una clara mayoría respalda las licitaciones de afiliados antiguos: un 67% está de acuerdo con ser trasladado a una AFP que cobre una menor comisión, manteniendo el derecho de cambiarse a otra AFP cuando lo desee.

En las próximas semanas sabremos si el Gobierno y la oposición son capaces de llegar a un acuerdo sobre las pensiones. Este es el tercer intento en casi una década. La demora en abordar este tema contribuyó al malestar que inicialmente desató el estallido social y, posteriormente, los retiros. La gran mayoría del país espera un acuerdo.