La última propuesta para la reforma de pensiones, que introduce un mecanismo de “préstamo” desde los cotizantes hacia los pensionados, es valorable al reconocer la importancia de la propiedad sobre los ahorros de los trabajadores. Sin embargo, las buenas intenciones no alcanzan. Una reforma efectiva requiere de un equilibro sólido entre sostenibilidad financiera y un costo-beneficio favorable; y es precisamente en este punto donde la idea del préstamo se cae.

Mirando los fríos números, los ingresos del nuevo Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social (FACG) —basados en la cotización de los trabajadores formales y en un aporte fiscal— alcanzarían para cubrir los beneficios del Bono Tabla y la Garantía de 0,1 UF por año cotizado, pero no bastan para pagar la deuda contraída con los cotizantes. De hecho, es altamente probable que el FACG entre en déficit hacia la década del 2070, pudiendo acumular una deuda de US$ 52 mil millones al 2100.

Aun si lográramos garantizar la sostenibilidad del fondo —por ejemplo, ajustando el requisito de años cotizados entre hombres y mujeres para acceder a la Garantía—, este seguiría siendo extremadamente volátil. Bastarían pequeños cambios en las condiciones de los beneficios o en los supuestos del modelo para desestabilizarlo por completo. Supongamos, por ejemplo, que partimos con este mecanismo (que se volvería insolvente en 2070), pero posteriormente se decide que $3.800 por año cotizado (UF 0,1) es insuficiente y la garantía se aumenta a $7.600 (UF 0,2) por año cotizado. En ese caso, no tendríamos que esperar 45 años para que el fondo colapse; la quiebra sería prácticamente inmediata, y con eso, aumentarían las presiones para introducir más “solidaridad” al sistema.

En este contexto, las buenas intenciones no son suficientes si no están respaldadas por un diseño sólido y sostenible. En lugar de recurrir a esquemas complejos que comprometan la propiedad de los ahorros y la estabilidad financiera del sistema, resulta más sensato simplificar su estructura y redirigir los recursos fiscales directamente hacia el fortalecimiento de las pensiones actuales. Esto podría lograrse aprovechando los recursos liberados al no extender la PGU al segmento más acomodado de la población, complementados con otras reasignaciones presupuestarias. Este enfoque requeriría un esfuerzo inicial de US$ 1.200 millones (equivalente al 0,38% del PIB), con un punto máximo de US$ 2.200 millones (0,51% del PIB) en 2045, para luego disminuir a US$ 400 millones (0,07% del PIB) hacia 2065, estabilizándose posteriormente. Así, se aseguraría que cada peso invertido brinde el mayor impacto posible en beneficio de quienes más lo necesitan.

Gabriel Cestau