En los últimos días, el ministro Marcel y la ministra Jara han indicado que un acuerdo de pensiones estaría “a punto” de alcanzarse. Sin embargo, las declaraciones tanto de la oposición como del oficialismo dan cuenta que hay mucho de voluntarismo en los mensajes del Gobierno.

Lo cierto es que al interior de los distintos sectores políticos hay una serie de diferencias sobre cómo equilibrar una mejora a las pensiones actuales y aquellas que recibirán quienes jubilen en las próximas décadas. Resulta una sobresimplificación indicar que las diferencias existen solo entre sectores políticos, cuando resulta evidente que hay importantes diferencias no solo entre, sino que también al interior de las bancadas parlamentarias.

Lo anterior es lamentable porque nuestro sistema de pensiones requiere cambios. La evidencia es clara respecto de que las pensiones futuras serán más bajas por la mayor esperanza de vida y la menor rentabilidad de los ahorros (Benavides y Vergara, 2024). Ante la posibilidad de un nuevo fracaso, es preferible una reforma más minimalista, pero que tenga posibilidades de ser aprobada. Sabemos que requerimos una mayor tasa de ahorro y sabemos que las mujeres tienen menores pensiones, entre otras razones porque jubilan antes y viven más años. Ambos problemas pueden ser resueltos sin introducir mecanismos de reparto al sistema y sin arriesgar las finanzas públicas. Veamos.

Subir la cotización obligatoria es esencial, pero ello no tiene necesariamente que ser en seis puntos ahora. Por ejemplo, en una primera etapa, podrían ser los tres respecto de los cuales hay acuerdo que vayan a las cuentas de ahorro personal. Junto con ello, mandatar al Consejo Consultivo Previsional para que, al cabo de seis años, cuando esté en régimen el aumento de la tasa de cotización, evalúe y determine nuevas alzas y eventuales modificaciones a la edad de jubilación tomando en consideración la situación del mercado laboral, la economía y las finanzas públicas en los próximos años.

Esta reforma más acotada en relación con la propuesta del Gobierno libera importantes recursos fiscales que ya se han comprometido en los distintos informes financieros que han acompañado la discusión en el Congreso. El menor gasto fiscal se estima que, en régimen, sería del orden de 0,65 puntos del PIB. Con este menor gasto fiscal se financian con creces los 0,1 puntos del producto que se requieren para asegurar que hombres y mujeres que jubilen a los 65 años tengan igual pensión a igual ahorro acumulado, el denominado bono tabla. Con esta fuente de financiamiento, fondos generales de la nación y no mediante la introducción de componentes de reparto, se mantendrían las bases de nuestro modelo de pensiones que ha sido reconocido como uno de los diez mejores del mundo hace menos de dos meses (Mercer, 2024).

Asimismo, en un contexto de estrechez fiscal como la que Chile enfrenta, esta propuesta no solo permitiría destrabar una necesaria reforma al sistema, sino que adicionalmente liberaría, en régimen, del orden de 0,55% del PIB (unos US$ 2.700 millones). Estos recursos pueden destinarse a otras prioridades que hoy enfrenta la ciudadanía, entre las cuales también puede evaluarse un aporte fiscal adicional que premie el ahorro de los cotizantes.

Es cierto que esta es una idea menos ambiciosa que la que se discute en el Congreso, pero, a su vez, debe reconocerse que sería el primer cambio a uno de los parámetros centrales del sistema en más de 40 años. Un avance nada despreciable. También que resolvería un punto que efectivamente tiene un sólido apoyo transversal: a igual nivel de ahorro las mujeres en promedio tienen pensiones aproximadamente un 11% más bajas que los hombres, un valioso logro en equidad.

Bettina Horst
Directora ejecutiva Libertad y Desarrollo