Señor Director:

El proyecto de ley del Gobierno que reemplaza el CAE y crea el FES propone una nueva fórmula de ayuda financiera del Estado para los estudiantes de la educación superior. A futuro el Estado entregaría al estudiante un monto X y la devolución se haría en un período de 20 años desde el egreso. Quienes ganan por su trabajo menos de $500 mil al mes estarían exentos, una minoría. Y sobre esa cifra, tasas que suben hasta llegar a un 8% aplicable a todos los ingresos laborales más otras rentas que se declaran en el Impuesto Global Complementario.

Ha habido bastante debate sobre el significado de la devolución. Y la Dipres aclaró las dudas al dar a conocer el estudio (N° 40 División de Finanzas Públicas) que sirvió de base al Informe Financiero que acompaña al proyecto de ley, y modela la trayectoria de la matrícula, deserción y titulaciones y proyecta los desembolsos estatales en base a los aranceles regulados y la recuperación posterior.

Con un horizonte de varias décadas, muestra que, en régimen, los “contribuyentes” pagarían en promedio un 25% más de lo que recibieron. Los montos globales son del orden de los US$ 225 millones de recaudación fiscal anual neta de desembolsos.

El ministro Marcel, al describir el nuevo esquema, usó el anglicismo “revolving”, dando a entender que se trataría de un fondo rotatorio donde el Estado gira un monto y el contribuyente lo devuelve en el futuro. Claramente no lo es. Es lisa y llanamente una encubierta reforma tributaria. Y lo que es peor, un gravoso impuesto al capital humano de la clase media emergente y exitosa que ingresa a la educación superior y no accede a la gratuidad.

Carlos Williamson
Profesor titular UC, Clapes UC