Los informes que Juan Andrés Lagos dirigía a la Subsecretaría del Interior (los acaba de revelar Tele13) mientras Monsalve la servía, son de gran interés público; pero no por la importancia que poseen, sino por la futilidad que revelan. No es que al conocerlos se sepa algo de interés. No. Su interés público deriva del hecho de que, en realidad, no tienen ninguno, que son un simple malgasto.

Esos informes ponen a la vista los intersticios del poder y la tontería que, a pretexto de asesorías, se financia con cargo a rentas generales.

El asunto es casi un ejemplo de picaresca.

Juan Andrés Lagos es un periodista, militante del Partido Comunista, partidario de Maduro (en su opinión, en Venezuela hay democracia y libertad de expresión), que fungió de asesor del exsubsecretario Monsalve. Un asesor, como su nombre lo indica, ha de ser alguien que sepa más que aquel a quien asesora, para que, de esa forma, lo oriente en el laberinto del Estado o ilumine sus frecuentes sombras.

Pero la verdad es que al leer los informes de Juan Andrés Lagos que se han revelado, lo que llama la atención no es que en ellos se contengan secretos de Estado, análisis estratégicos o líneas de acción relativas a la seguridad. Nada de eso. Al leerlos, además de con algunas alabanzas al subsecretario Manuel, como lo llama, el lector se encuentra con una suma de lugares comunes, comentarios al pasar, opiniones semejantes a las que cualquier hijo de vecino vierte en una sobremesa del domingo, y muchas veces son un galimatías difícil de entender. Y todo ello presentado como asesoría a la Subsecretaria del Interior. Un ejemplo lo pone de manifiesto:

“… los asuntos de alta inquietud ciudadana; que afectan muy directamente a la mayoría del país, fueron gradualmente incrementando la centralidad y preocupación del régimen, en su conjunto. Pero tapizado de múltiples errores no forzados y actos fallidos que son propiamente responsabilidad de una gobernabilidad que se demoró en asumir estos ámbitos de preocupación, y su dimensión social, grave”.

Es difícil reunir en un párrafo más cantidad de obviedades, adornadas además con cacofonía (“responsabilidad de una gobernabilidad”). Lo que el asesor explica en ese párrafo es algo tan obvio como que el Gobierno no atendió oportunamente a los problemas de seguridad. Algo, desde luego, que cualquier vecino, de cualquier barrio, sabía sin que necesitara asesor alguno que se lo revelara. Si Monsalve necesitaba de veras se le hiciera saber ese tipo de cosas —rentada con algo más de tres millones de pesos mensuales—, el asunto es de tanta gravedad como los hechos que motivaron su salida. Todos los informes de este asesor están tejidos de observaciones genéricas, comunes, obviedades dichas o imaginadas no por un experto en seguridad, sino por un opinante de la política gubernamental que desliza críticas genéricas y la mayor parte propias de una sobremesa, a los funcionarios gubernamentales.

Alguna vez —a propósito del financiamiento ilegal de la política— se acuñó la expresión falsedad ideológica, para designar las facturas que daban cuenta de un servicio inexistente o, lo que es casi lo mismo, un servicio radicalmente distinto de aquel que efectivamente se prestaba. ¿Cómo llamar ahora a una suma de observaciones generales disfrazadas de informes de asesoría? ¿Una simulación? ¿Un trampantojo? ¿Ejercicios de cantinflada?

En abono de la conducta de Juan Andrés Lagos habría que subrayar su honradez, puesto que con el mismo esmero con que cobraba su remuneración, redactaba esos informes, dando muestras de que al menos no quería que nadie dijera, o siquiera murmurara, que algo le había sido regalado.

Carlos Peña