La reciente discusión sobre la Ley de Presupuestos ha puesto en evidencia una serie de preocupaciones respecto a las capacidades de nuestro Estado. Los desafíos abarcan desde las proyecciones fiscales y su impacto en el déficit, hasta los retrasos en la construcción de infraestructura de salud, el uso indiscriminado de licencias médicas, el ausentismo en el sector público, las fallas en la entrega de útiles y libros escolares a los estudiantes, y la gestión de las listas de espera en hospitales. Si a esto sumamos lo que el ministro de Hacienda ha calificado como un “agobiante problema” —el exceso de permisos requeridos para emprender cualquier actividad y la lentitud en su tramitación—, podemos concluir que nuestro Estado está al debe. Estas falencias no reflejan solo una falta de recursos, sino también problemas de gobernanza y una clara necesidad de modernizar nuestra institucionalidad.

Durante la última década, el empleo en el gobierno central ha crecido a un ritmo acelerado. Según la Dirección de Presupuestos, a septiembre de este año el gobierno central empleaba cerca de 480 mil personas, un 75% más que los 280 mil empleados en 2014. En contraste, el empleo total en Chile creció apenas un 11% en el mismo período, y el PIB solo un 18%.

El sector salud ilustra bien este fenómeno. Actualmente, casi la mitad del empleo del gobierno central corresponde a servicios de salud, donde el número de trabajadores se ha más que duplicado en la última década. Paralelamente, el gasto en el Ministerio de Salud y Fonasa ha crecido un 84%. Sin embargo, este esfuerzo no se ha traducido en mejoras proporcionales en prestaciones ni en calidad del servicio. Según informes del Instituto de Salud Pública de la UNAB, entre 2013 y 2023 el sector salud perdió un 40% de productividad laboral. Además, se han producido abusos flagrantes en el sistema: el número de licencias médicas aprobadas aumentó de 4 a 9 millones en diez años, y la duración promedio de estas pasó de 9 a 21 días.

No podemos continuar, como lo hemos hecho con salud y previsión, postergando este problema de fondo en el Estado, ofreciendo salidas de corto plazo, que terminan siendo muy caras, con la esperanza de que pase a ser un problema de otros.

El Estatuto Administrativo, que regula de manera integral el empleo público, está sobrepasado. En la práctica, no permite un buen manejo de los recursos ni facilita la modernización del Estado. ¿Por qué? En principio, los salarios en el sector público son competitivos: hay un premio salarial de al menos un 10% respecto al sector privado en los mandos medios profesionales. Además, casi un 60% de los empleados públicos están a contrata, mientras que solo un 35% están de planta. Este diseño, en teoría, debería otorgar extrema flexibilidad para reasignar personal según las necesidades del Estado y mantener solo a quienes realizan un buen trabajo. Sin embargo, la realidad es otra.

La estructura actual, con un exceso de contratas, ha generado rigideces a través de la jurisprudencia y ha atrofiado el sistema. El reciente dictamen de la Contraloría sobre la “confianza legítima” en los funcionarios a contrata evidencia cómo el sistema se encuentra sobrepasado y hoy es regido a través de decisiones judiciales. Hoy, el Estatuto Administrativo es un enjambre de normas que dificulta un manejo coherente de los recursos humanos. Este problema quedó en clara evidencia con la propuesta de desvinculación de 22 funcionarios a contrata de la Dirección del Trabajo, donde la presión fue tal que una asociación de funcionarios interpuso una denuncia por Ley Karin contra el director nacional de la entidad.

A pesar de los importantes recursos destinados a la protección social, fin de suma importancia, el Estado no ha logrado convertir la totalidad de este gasto en servicios eficientes y de calidad para los ciudadanos. La modernización del Estado debe ser una prioridad central para cualquier futuro gobierno. Esto no es solo un desafío técnico, sino una responsabilidad hacia los ciudadanos que financian su funcionamiento.