Señor Director:

Después de una larga carrera de 43 años en el servicio exterior de Chile, habiendo servido al país durante nueve gobiernos desde mi ingreso a la Academia Diplomática, el Presidente Gabriel Boric decidió poner término a mi labor diplomática y al cargo de embajador.

Fui nombrado por su gobierno como embajador en Francia y representante permanente ante la Unesco en junio de 2022. Previamente, había servido como embajador en Filipinas durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera.

Llevando un año en funciones en Francia, el canciller Van Klaveren decidió removerme del cargo aduciendo que tenía un sumario administrativo por la denuncia de dos funcionarias diplomáticas sobre un presunto maltrato laboral. La determinación del ministro se adoptó violando el principio de inocencia y el debido proceso que la Constitución y las leyes garantizan a cualquier ciudadano. Tal decisión se materializó un mes antes de la visita oficial del Presidente Gabriel Boric a Francia.

Luego se propuso nombrarme como embajador en Canadá, cargo que acepté, y que finalmente no prosperó al rechazarse por las autoridades canadienses la solicitud de agreement, algo inédito en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Este desenlace solo puedo atribuirlo a la impericia de la subsecretaria Gloria de la Fuente quien, pocos días antes de enterarme del hecho por los diarios, estaba participando en Ottawa de consultas políticas con sus contrapartes canadienses.

Por su parte, la determinación de removerme de mis funciones en Francia ocurrió en un contexto donde tres embajadores de carrera, con sumarios por maltrato laboral, continuaron en sus cargos en el exterior, violándose el principio de igualdad ante la ley.

Posterior a mi regreso a Chile, las autoridades del ministerio me mantuvieron durante un año en mi casa sin asignación de funciones, algo que contraviene mis derechos laborales y el estatuto administrativo.

El sumario instruido adoleció de la objetividad e imparcialidad necesarias. Se designó a una abogada vinculada a un colectivo feminista como primera fiscal, y luego a una embajadora de carrera que había sido jefa de una de las denunciantes en una representación diplomática. Durante el proceso mi abogado refutó todos los cargos de las denunciantes, fundamentando mi inocencia. Sin embargo, el fallo de la subsecretaria, refrendado por el ministro, determinó una sanción muy menor, casi simbólica, en proporción a los cargos formulados.

Debo decir que esto nunca fue la búsqueda de la verdad administrativa, solo el previsible epílogo de una persecución política, atizada con perspectiva de género, del “yo te creo amiga”, y la intervención de una influyente ministra en apoyo de las funcionarias. Paradojalmente, una de ellas fue responsable directa, luego de mi partida de París, de la renuncia de una antigua secretaria de la embajada por maltrato laboral, antecedente que obra en poder de la subsecretaria de la Fuente.

Esta ordalía que me tocó padecer, concluyó en julio pasado cuando recibí una fría carta del ministro Van Klaveren, solicitándome la renuncia por pérdida de confianza del Presidente de la República. Una semana antes, durante una reunión, la subsecretaria me dijo que tal vez podrían considerar una posición en la Embajada en República Dominicana o Guatemala, ante lo cual le respondí que prefería reintegrarme al trabajo en el Ministerio en Santiago, hasta mi jubilación, cosa que ocurriría un año y medio después.

La destrucción de una larga e impecable carrera en el servicio diplomático y de una familia nunca importó. Así son los tiempos que vivimos en Chile, los de la cancelación en nombre del género, cuando el sujeto no pertenece a mi domicilio ideológico, naturalmente. Distinta suerte corren los “amigos del poder”, como hemos visto en los casos donde autoridades de primera línea son “amparados” en la complicidad de La Moneda. La doble moral que borra con el codo lo que ayer escribieron con la mano.

José Miguel Capdevila
Ex embajador