De acuerdo a estimaciones de la iniciativa Sociedad en Acción del Centro de Políticas UC, en Chile existen unas 400 mil organizaciones de la sociedad civil (OSC). Las OSC tienen una capacidad única para atender a grupos vulnerables y organizar a las comunidades, conectándolas con las oportunidades públicas y privadas. Las OSC complementan el trabajo que hace el Estado e incluso ejecutan una parte relevante de los programas sociales estatales.

Al estallar el llamado caso Convenios en junio de 2023, el Gobierno convocó a una comisión asesora ministerial –la Comisión Jaraquemada– para revisar y proponer mejoras a la institucionalidad que regula a estas instituciones y su relación con el Estado.

La comisión entregó su informe en julio de 2023 en el que, además de realizar un diagnóstico, hizo propuestas para mejorar la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas de las OSC que reciben fondos estatales. Basado en estas ideas, el Gobierno ingresó un proyecto de ley al Senado en enero de este año con el fin de ordenar la manera en que el Estado realiza transferencias al sector privado.

Tener una ley permanente es muy importante, porque, como bien dice el mensaje del proyecto, muchas de estas transferencias hoy se definen año a año en glosas de la Ley de Presupuestos y se rigen por reglas muy diversas que dependen de cuál sea la contraparte en el sector público. Un marco permanente y unificado reduce los espacios de discrecionalidad y facilita la rendición de cuentas. Lamentablemente, esta ley aún no se comienza a discutir y la regulación de las transferencias desde el Estado a las OSC sigue bajo lo que se decida en la Ley de Presupuestos.

En el intertanto, y en respuesta al caso Convenios, la relación del Estado con las OSC se ha vuelto menos fluida. Se ha elevado discrecionalmente la fracción de los recursos que se debe dedicar a garantías –las que, por lo demás, se han encarecido— y ha habido cierta inmovilidad en las contrapartes públicas para revisar y responder a las rendiciones de fondos que hacen las OSC. Seguramente, nadie quiere hacerse responsable de eventuales irregularidades ante la gravedad de lo sucedido en el marco de convenios firmados con algunas fundaciones puntuales, pero que no reflejan el modo de actuar de la gran mayoría de las OSC.

Ello atrasa los traspasos de recursos y la capacidad de las OSC para realizar su labor. Como consecuencia, las oportunidades y beneficios del Estado llegan a menos personas aun cuando los necesiten con urgencia. Un estudio reciente de Sociedad en Acción da cuenta de estos graves impactos, con efectos incluso sobre organizaciones que trabajan de manera eficiente y eficaz y en marcos de transparencia. De acuerdo al estudio, la desconfianza ha llevado a restricciones excesivas y a la reducción de los recursos –públicos y privados– con los que cuentan las OSC, afectando su sostenibilidad y el trabajo que realizan en áreas tan relevantes como la infancia, discapacidad y pobreza.

Ante estas dificultades y el retraso en la discusión de la nueva ley, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y el Centro de Políticas Públicas UC han realizado propuestas específicas para limitar este impacto sobre la labor de las OSC.

Ellas incluyen instalar mecanismos de rendición de cuentas con hitos y plazos de respuestas acotados, igualar las garantías a lo que exige la Ley de Compras Públicas, y definir un proceso transparente para permitir transferencias por vía directa en ocasiones excepcionales y así evitar perjuicios graves en casos de emergencia –por ejemplo, ante incendios y otros desastres socio naturales–. Estas propuestas darían mayor eficacia a las OSC y también mayor certeza a los funcionarios públicos.

Mientras que el proyecto de ley no se discuta y avance, las transferencias del Estado a estas organizaciones seguirán sujetas a decisiones fragmentadas, a la desconfianza y al natural temor de las contrapartes públicas de verse envueltas en situaciones ilícitas. Al mismo tiempo, cuando el Estado se retira, el sector privado también.

Hoy se vuelve más urgente regular la relación Estado-OSC de modo de promover un trabajo que genere múltiples beneficios sociales en un marco de buen uso de recursos. Dilatar esta discusión solo reproduce la desconfianza y el inmovilismo, poniendo en riesgo la valiosa labor que realizan las OSC.