En 2018 Chile se encontraba en el puesto 14 entre los países con mayor libertad económica del mundo según el ranking del Fraser Institute, justo debajo de Reino Unido. En 2024 hemos descendido al puesto 39, entre Albania y Guatemala y a un par de posiciones de salir del grupo del 25% de países más libres del mundo.

Desde luego este colapso en los niveles de libertad económica no comenzó en 2018, sino mucho antes. Hasta que entraran en efecto las reformas socialistas de Bachelet II y pudieran registrarse debidamente, transcurrió un tiempo. Pero tampoco comenzó nuestra decadencia con las reformas de Bachelet. Ellas fueron más bien el corolario de un consenso transversal en la élite política, intelectual e incluso empresarial chilena según la cual el problema central de nuestro país era la desigualdad derivada del “neoliberalismo”, es decir, de la libertad económica. Casi todos, incluyendo a muchos socialdemócratas que hoy se escandalizan con nuestra descomposición económica, insistieron entonces en la idea de que el Estado debía crecer y redistribuir mucho más para hacer “justicia social”.

Veamos algunas cifras que muestran el desastre al que nos condujo este igualitarismo estatista. Entre 2004 y 2013 el crecimiento anual promedio del PIB real fue de 4,8% y el PIB per cápita se incrementó en 3,7%, llevándonos a reducir la brecha con países desarrollados. Baste considerar que en 1990 el PIB per cápita de Chile alcanzaba un 41% del de Portugal, en 2003 un 57% y en 2013 un 80%. Entre 2003 y 2013, en tanto, la pobreza se redujo de 36,2% a 14,4%, la pobreza extrema de 17,9% a 4,5%, la cantidad de hogares sin servicios básicos cayó de 12,4% a 5,3%, el hacinamiento en los hogares se redujo de 15,5% a 9,3%, y la tasa neta de asistencia a la educación superior aumentó de 26% a 36,7% en la población de 18 a 24 años.

La realidad, desde que asumió Bachelet II con su giro populista, ha cambiado dramáticamente. De 2014 a 2023, el crecimiento de la economía ha sido de 1,9% en promedio anual y si se ajusta por el crecimiento de la población, este cae a un miserable 0,6% per cápita por año. Como sabe cualquier persona con conocimientos básicos de economía, las oportunidades de empleo dependen estrechamente de la capacidad de creación de riqueza. Entre 2004 y 2013 se creaban en promedio 206 mil empleos por año; entre 2014 y 2023, tan solo se crearon 93 mil empleos por año. Al mismo tiempo, los salarios reales, que crecieron un 2,45% promedio anual en el primer período, lo hicieron un 1,2% en la última década. Esto significa que para una familia con dos ingresos promedio de 681.000 pesos mensuales la diferencia entre ver salarios creciendo a 2,45% y 1,2% es de 2.183.500 pesos de ingresos menos tras una década. En los últimos años, además, se han fugado más de 70 mil millones de dólares y, según el Banco Central, la estampida de capitales es cada vez más acelerada. Esto ni siquiera considera la espiral de crimen y terror que delincuentes, narcos y terroristas amigos de la izquierda siembran en las calles del país. Pero lo más doloroso es constatar que solo tomó seis gobiernos democráticos luego de la monumental obra restauradora del gobierno cívico-militar para que los políticos arruinaran Chile una vez más. Y no parece haber ninguna posibilidad de recuperar el país con el mismo grupo de gente que lo arruinó.

Es más que entendible y justificado, entonces, que cada vez más personas piensen que no hay otra alternativa que abandonar Chile, pues nos hemos convertido en otra nación latinoamericana más, plagada de corrupción, inseguridad y estancamiento. Como dijo Simón Bolívar en 1830: “Lo único que se puede hacer en América es emigrar”.