En estos días se está tramitando el proyecto de ley de presupuestos para 2025.

Se trata de un trámite muy importante porque, al igual que todos los años, definirá la estimación de ingresos, el detalle de los gastos autorizados para los servicios del Estado durante el próximo año y una serie de normas para su gestión y administración.

Es positivo que se haya puesto atención en el riesgo de que los ingresos estimados no resulten suficientes para financiar los gastos propuestos. Con ello, el déficit proyectado terminaría siendo aún mayor al presupuestado, elevando aún más la deuda. Este endeudamiento público ya ha aumentado en forma importante en los últimos años, elevando fuertemente el gasto en intereses. El ministro de Hacienda se ha hecho cargo de la situación y ha acordado con los parlamentarios una rebaja del presupuesto de gastos de 600 millones de dólares. Se trata de un acuerdo que debe destacarse porque reduce los riesgos de un déficit mayor.

Sin embargo, se requiere consistencia y no se puede, al mismo tiempo, proponer mayores gastos o rebajas de ingresos.

En el siglo pasado, los déficits del presupuesto estaban con frecuencia fuera de control, y la gestión pública era muy difícil e incoherente porque el gobierno no podía controlar las múltiples leyes y glosas en las leyes de presupuesto que aprobaba el Congreso. Asimismo la administración de los servicios públicos se desorganizaba y se volvía ineficiente e inequitativa.

La situación tuvo consecuencias tan negativas que llevó a que el Congreso aprobara reformas constitucionales para autolimitarse en sus atribuciones en esas materias. Así ocurrió, primero, en el gobierno del Presidente Juan Antonio Ríos, en 1943, y a fines del gobierno del Presidente Frei, en 1970, entregando la responsabilidad de la administración del presupuesto y la gestión de los servicios al Presidente de la República. Esas normas constitucionales están vigentes hasta hoy día.

Se estableció lo que se conoce como la iniciativa exclusiva del Presidente, quedando vedado a los parlamentarios proponer gastos, modificaciones de impuestos y contribuciones, normas previsionales y de administración del Estado. Así, se logró poner fin a la práctica conforme a la cual cada parlamentario proponía gastos o beneficios tributarios que resultaban populares y obtenían fácilmente el apoyo de sus colegas, lo que sumió al país en una inflación sin control y en una deficiente administración del Estado.

Resulta preocupante que se vuelva a esas prácticas que causaron tanto daño, desconociendo el espíritu y la letra del texto constitucional. En la Cámara se admitieron a trámite y se aprobaron indicaciones parlamentarias para rebajar contribuciones. No se trata de discutir el mérito de la indicación propuesta, sino de reconocer que se trata de una iniciativa inconstitucional, que nos devuelve a una práctica que resultó tan dañina. Esas materias deben discutirse y modificarse en leyes referidas a esos gravámenes y por iniciativa del Presidente. Si se modificaran cada año, aparte de desfinanciar el presupuesto, volverían más complejo nuestro sistema tributario y lo harían menos predecible.

Tampoco la ley de presupuestos es el lugar para proponer glosas de materias que son parte de la legislación permanente. En la misma reforma constitucional de 1970 se prohibieron las leyes “misceláneas” que eran comunes hasta esa fecha y que complejizaban el funcionamiento del Estado. Para ello, se estableció la inadmisibilidad de materias que no dicen relación con la idea matriz del proyecto de la ley en discusión.

Si por la vía de glosas se pretende modificar o agregar materias de leyes permanentes, se estaría convirtiendo la ley de presupuestos en una ley miscelánea, con los riesgos propios de un despacho express, ya que ella tiene un plazo máximo de 60 días para su tramitación.

Tanto en la segunda administración de la Presidenta Bachelet como en la del Presidente Piñera, los parlamentarios fueron debilitando el respeto por las normas de iniciativa exclusiva y se sometieron a votación normas inadmisibles. Ello erosiona un marco normativo constitucional que el país se fue dando para evitar las graves consecuencias que tuvo la iniciativa parlamentaria en estas materias.

Cuando tenemos una situación fiscal más frágil, producto de los déficits y aumento de la deuda pública, y frente a una deficiente administración del Estado, es urgente detener este deterioro que solo agrava las cosas.

Quienes hoy son gobierno comprueban en la práctica las consecuencias de sus acciones pasadas. Quienes hoy son oposición, si pretenden gobernar con éxito, deben respetar celosamente estas normas que se establecieron como resultado de una dura experiencia histórica. Todavía estamos a tiempo.

José Pablo Arellano Marín