Los últimos antecedentes sitúan directamente en la figura del Presidente Boric y sus asesores la responsabilidad por las decisiones más controvertidas adoptadas por el Gobierno frente al caso Monsalve. La suma de informaciones —declaraciones prestadas ante la fiscalía por el propio mandatario y por la ministra Carolina Tohá, más revelaciones de la prensa confirmadas por La Moneda— resulta abrumadora. A partir de ello, es posible reconstituir toda una cadena de desaciertos que contribuyeron a hacer de esta la peor crisis política que haya enfrentado esta administración.

Dicha cadena parte la tarde del martes 15 de octubre, cuando la ministra, luego de ser informada por el director de Investigaciones, transmite al Presidente los antecedentes recibidos: la existencia de una denuncia contra Monsalve por violación y abuso sexual, pero también de una investigación por ley de inteligencia debido al uso que el subsecretario había hecho de esa normativa. ¿Se limitó la secretaria de Estado a referir sin más esos datos —lo cual denotaría una indolencia inaceptable— o sugirió algún curso de acción? Se desconoce. Todo apunta, sin embargo, a que el mandatario resolvió zanjar el tema excluyendo a su ministra y discutiéndolo solo con sus dos principales asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi y Carlos Durán; igualmente excluidos quedaron los demás miembros del comité político, entre ellos, la ministra vocera y la de la Mujer.

No se sabe de los términos en que Boric y sus asesores abordaron el asunto, y si allí se fraguó el catastrófico diseño que se seguiría. Lo concreto es que, posteriormente, en la reunión sostenida a solas ese día con el subsecretario, el Presidente, pese a contar con lo que hoy sabemos era una serie relevante de antecedentes (carácter de la denuncia, uso cuestionable de la normativa sobre inteligencia y hasta la insólita admisión de, en un fin de semana crítico para la seguridad pública, haber ido a comer con una subordinada y quedar “borrado” luego de tomar pisco sour), no le pidió la renuncia. Más aún, le “instruyó” viajar al sur a informar de la situación a su familia: un verdadero privilegio para un funcionario denunciado. No fue, sin embargo, la única muestra de empatía: al escuchar su versión de los hechos —la sospecha de haber sido “drogado”—, se preocupó incluso de preguntarle si le habían robado algo.

Nada de esto es razonable. Lo ocurrido ese martes 15 —y los hechos posteriores, hasta que finalmente el jueves, solo luego de que La Segunda hiciera público el tema, se hiciera renunciar al subsecretario— habla de una notable incapacidad para advertir la gravedad de lo que se enfrentaba. Lo evidencia de un modo casi grotesco el hecho de que la mañana de ese mismo jueves, Monsalve haya seguido lo suficientemente empoderado para acudir a defender el presupuesto de Interior al Congreso y que Tohá haya aceptado concurrir con él. No se trataba aquí, como mañosamente han argumentado algunos ministros, de una cuestión de “estándares” frente a una denuncia, cual si se pudiera establecer un criterio único y rígido para todos los casos. Lo que se espera de las autoridades es precisamente la capacidad para analizar cada situación en su propio alcance y sopesar si es o no compatible con la permanencia de un alto funcionario en su cargo. Ese es el ejercicio que ni el Presidente ni sus asesores hicieron cuando correspondía. De otro modo, ¿cómo no advirtieron la contradicción de permitir que el hombre encargado de coordinar a las instituciones policiales siguiera cumpliendo esas tareas cuando él mismo era objeto de investigación? ¿No les pareció impropio que, sin informarle a nadie, él hubiera usado su cargo para activar la ley de inteligencia a objeto de abordar su caso personal? Sabiendo que esto último ya era indagado por la fiscalía, ¿no vieron el riesgo de que Monsalve pudiera volver a malusar esas atribuciones o a aprovechar otras prerrogativas, como el manejo de millonarios gastos reservados? En sus análisis, ¿nunca consideraron el concepto de obstrucción a la justicia?

Han abundado las conjeturas respecto de los motivos que guiaron tal inexcusable actuar del Gobierno. Esas especulaciones continuarán y opacarán cualquier otra acción de la autoridad —como ha ocurrido con la última gira presidencial, en que hasta el canciller ha debido servir de improvisado vocero de la crisis—, mientras La Moneda no ofrezca claridad. Y esto supone asumir lo evidente: el inmenso error cometido por el mandatario y la necesidad de ofrecerle al país una explicación razonada —no un mero “pudimos hacer mejor las cosas”— de por qué obró de esa manera. Dilatarlo solo conseguirá seguir desangrando al Gobierno y a la propia figura presidencial.