Señor Director:

En octubre pasado se cumplieron veinte años de la actual Ley 19.974 que creó el Sistema de Inteligencia del Estado y fundó la Agencia Nacional de Inteligencia; una ley que a juicio de los dos últimos gobiernos requería una reforma profunda, y que a la luz del caso del exsubsecretario Monsalve demuestra que sigue teniendo un fundamento más que atendible. Este fundamento es que el Sistema de Inteligencia del Estado fue concebido, en 2004, bajo un modelo coordinado, no subordinado. Esto implica respetar la autonomía necesaria para el normal funcionamiento de los diversos servicios y que estos puedan también operar eventualmente como contrapesos unos de otros. Otra consideración es que una crisis que involucre a un servicio de inteligencia no termine afectando al Sistema en su totalidad, de tal forma de no seguir la senda de varios países latinoamericanos que, cada tanto, se quedan sin inteligencia o, lo que aún es más peligroso, esta se pone al servicio del gobierno de turno.

Al principio del gobierno se promovió, como base de una reforma legal, un “zar” de inteligencia. Aunque este “zar” fue decayendo en la discusión legislativa a una figura menos poderosa, no menguó el riesgo inherente de instalar una superestructura encabezada por un secretario de Inteligencia, que carece de responsabilidad política y técnica, pero que tendría un poder de intervención sobre los servicios. Los sucesos de estas semanas muestran el riesgo de ese modelo, a lo que se agrega, in extremis, que el proyecto pueda terminar legalizando decisiones que hoy día son delito. Entre estas que una autoridad política tome iniciativas operativas sobre cualquiera de los servicios que componen el Sistema de Inteligencia del Estado.

Otra consideración es qué tan urgente es abordar este tema. Dada la actual situación de inseguridad que afecta al país, con estadísticas en este ámbito que siguen siendo negativas y no ceden, es necesario abordar el tema de inteligencia de una manera más efectiva. Esto porque difícilmente el Gobierno logrará una comprensión integral de las amenazas que nos afectan sin un adecuado soporte y un diagnóstico que vaya más allá de lo obvio. La cosa se complica aún más, porque la discusión de una nueva ley de inteligencia, a la luz de los hechos conocidos, requerirá de una mirada más atenta y una revisión que asegure la integridad de las instituciones. Partiríamos con muy mal pie si la legitimidad de lo que se ha avanzado no se recupera o se enmienda bajo una nueva mirada.

Los tiempos legislativos chocan con las urgencias del país. Pareciera razonable entonces atacar el tema en dos frentes. Por un lado, replantear la ley procurando preservar el fundamento cooperativo que anima al Sistema de Inteligencia del Estado y que ya tiene 20 años de funcionamiento; también es una buena ocasión para revisar las regulaciones atingentes a las operaciones y sancionar adecuadamente el mal uso de las mismas. Un tercer punto es reforzar la inteligencia de manera urgente, en especial la Agencia Nacional de Inteligencia, con el propósito de que pueda contar con más personal y capacidad no solo para ejercer una coordinación más estructurada y efectiva, sino también para actuar como un mejor contrapeso en caso de crisis como la actual.

El desafío es complejo pero abordable si existe voluntad política para ello, más aún porque desde el punto de vista de lo que hay que hacer los hechos marcan la pauta. Es de esperar entonces que la Ley de Inteligencia, ya cerca de avanzar a tercer trámite, efectivamente modernice esta sensible área y refuerce lo que sabemos que funciona.

Jorge Burgos Varela
Abogado