En estos días se discute la Ley de Presupuesto para el año 2025, dirigida a fijar el nivel del gasto. Tarea no menor si consideramos que, durante las últimas décadas, Chile se ha caracterizado a nivel mundial por mantener sus “cuentas ordenadas”.

El actual Gobierno recibió un déficit fiscal —gastos menos ingresos— de casi 7% del PIB en los dos años anteriores, 2020 y 2021. Parte de ello fue atribuible a la pandemia, pero sabemos que un porcentaje importante se debió a medidas populistas, acentuadas por el bajo capital político del gobierno de turno, como la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), o la presentación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) al Congreso, a solo tres meses del fin del gobierno. El IFE fue un gran aporte en tiempos difíciles, pero fue del todo sobredimensionado para nuestra realidad. Por otro lado, la PGU permitió mejorar las pensiones actuales, pero su alto costo —financiada con “holguras fiscales futuras”— y la omisión a las reformas estructurales que demanda el sistema de pensiones, cuya tramitación se hubiera visto facilitada por la gran transferencia a los hogares que significa la PGU, reflejan poca visión de futuro.

Al asumir el Presidente Boric, existía el temor de que no se controlara el gasto fiscal. Para nuestra tranquilidad, ello no fue así, y el gasto se moderó. Debemos reconocer este hecho, ya que nadie puede negar que pasar de un déficit de 7% del PIB el 2021 a un pequeño superávit el 2022 fue un ajuste importante del gasto.

El 2023, el déficit volvió a un 2,4% del PIB, cercano al promedio que hemos tenido en los últimos 15 años. Las recientes proyecciones oficiales para el 2024 dan un déficit de un 2% del PIB, esto es, un gasto de 1.700 millones de dólares sobre lo presupuestado. A pesar de este ya declarado mayor gasto, la meta del 2% de déficit no se puede dar por alcanzada, ya que hasta agosto se ha acumulado un déficit de 2,2% del PIB, por lo que se requiere un superávit durante el último trimestre para lograr el objetivo.

Sobre el futuro, las proyecciones son complejas. Ya no somos el país de 2010, con una deuda pública bruta menor a un 10% del PIB y ahorros para contingencias de 5% del PIB. Hoy nuestra deuda bruta llega a 41% del PIB, y nuestros ahorros para contingencias cerrarán este año en solo 1,4% del PIB, y no se ven holguras fiscales para los próximos años.

El Consejo Autónomo Fiscal, tomando las proyecciones oficiales, estima que la deuda del país se estabilizará cerca del límite máximo aconsejable para nuestro nivel de desarrollo (45% del PIB). Pero, el mismo organismo destaca que existen riesgos, tales como que no nos recuperemos de la baja recaudación tributaria de este año, o que no recaudemos lo previsto en la última ley tributaria. En estos escenarios, nuestra deuda pública pasaría rápidamente el 45%, esto solo con los gastos ya comprometidos por leyes vigentes.

Estamos en una situación fiscal difícil y el camino a seguir es incierto. ¿Subir los impuestos? Con bajo crecimiento y caída del ahorro interno, no parece una buena alternativa hoy. Reducir evasión y elusión, más allá de lo establecido en el informe financiero de la nueva ley tributaria recién aprobada —optimista según el mismo FMI— resulta difícil, en especial por la falta de avances en materia de secreto bancario y en la norma general anti elusión que no fueron aprobados.

Existe una alternativa: más ajuste fiscal. El esfuerzo que ya hizo el Gobierno durante sus primeros años fue importante, pero dado el escenario actual, no es suficiente. El ajuste no es fácil y resulta altamente impopular, pero quizás es la única medida viable, dado el difícil escenario que enfrentamos. A pesar de su dificultad, es un ejercicio que nos permitirá revisar gastos que hoy son simplemente escandalosos: frenar la evasión del Transantiago (RED) de un 40%, equivale a 320 millones de dólares anuales; frenar las licencias falsas, que aumentaron en casi un 60% desde 2018 a 2022; frenar el aumento de la morosidad del CAE, que desde que se comenzó a hablar de su condonación aumentó de un 40% a un 60%. Controlar el ausentismo laboral en el sector público, que aumentó de 26 a 32 días promedio por trabajador, lo que equivale a 32.708 jornadas completas; implementar las medidas de la ley de Compras Públicas para evitar colusión, que según la Fiscalía Nacional Económica, equivalen a un gasto adicional de 500 millones de dólares.

Sabemos que estos cambios —que parecen evidentes y obvios de abordar— son difíciles de implementar, y demandan esfuerzos y capital político. Con todo, la estrechez de nuestras cuentas fiscales ya no da espacio para más populismo, ni ineficiencias escandalosas, de lo contrario, terminaremos sacrificando el bienestar de nuestras futuras generaciones.