Insertos en plena discusión presupuestaria, los árboles a veces no dejan ver el bosque. Y es que la situación fiscal chilena ha cambiado mucho en los últimos 15 años. En 2008 la deuda pública neta era de -US$ 29 mil millones: el Estado era acreedor neto en casi 20% del PIB. Desde 2016 somos deudores netos. Coincidiendo con el paso de acreedor a deudor, las principales clasificadoras de riesgo nos degradaron dos veces. Este año nuestra deuda pública será más de US$ 140 mil millones (41,2% del PIB).

El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) llegó a acumular US$ 20 mil millones en 2008, consecuencia de la aplicación estricta de la regla fiscal en sus primeros años de vida (2001-2007) que coincidieron desde 2003 con el superciclo del cobre. Hoy tenemos solo US$ 3.700 millones en el FEES y es probable que se siga ocupando para financiar un déficit que en 2024 superaría la proyección oficial de 2% del PIB.

En lo institucional, en 2013 creamos el primer Consejo Fiscal Asesor de Chile, siguiendo la recomendación de la Comisión Corbo convocada por el Ministerio de Hacienda. Luego, en 2018 se creó por ley el Consejo Fiscal Autónomo, con más autonomía, atribuciones y recursos. Gracias a ese proyecto, respaldado transversalmente en el Congreso, desde 2019 contamos con un CFA, hoy considerado un referente para otros países de la región y más allá.

Sin embargo, la evolución de las finanzas públicas durante los últimos años muestra deterioros y cinco fuertes desafíos.

Primero, debemos cerrar el déficit fiscal estructural y estabilizar la deuda pública por debajo del nivel máximo prudente de 45% del PIB. Para ello es necesario que las metas fiscales se cumplan, especialmente en años en que la economía no está sujeta a shocks externos o internos. Este año se ve muy difícil cumplirla. Hacia adelante, deben establecerse metas exigentes, pero realistas, que converjan hacia el equilibrio estructural (déficit 0), condición necesaria para estabilizar la deuda pública.

Segundo, necesitamos financiar las futuras presiones de gasto público sin poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos fiscales y evitando abrir nuevos focos de incertidumbre tributaria. Para ello es necesario elevar la capacidad de crecimiento de la economía y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Tercero, debemos evitar que nuestra clasificación de riesgo siga deteriorándose, lo que aumentaría el costo de financiamiento para el Estado, las empresas y las personas. Para ello se requiere aumentar el crecimiento y mejorar la capacidad para llegar a acuerdos, por ejemplo, en una buena reforma de pensiones, en cambios al sistema político, y en frenar futuros retiros de fondos previsionales.

Cuarto, precisamos recomponer los ahorros del FEES para enfrentar mejor futuros shocks internos o externos. El FMI indica que deberíamos tener entre 5% y 7% del PIB en este fondo. Hoy tenemos poco más de 1% del PIB. Este proceso debería partir en 2025, usando parte del espacio de endeudamiento de la Ley de Presupuestos, y continuar hasta alcanzar al menos 5% del PIB en el FEES.

Por último, debemos continuar fortaleciendo las instituciones fiscales, con énfasis en el Consejo Fiscal y en mejorar las proyecciones de ingresos fiscales. Las sobreestimaciones de ingresos son una fuente común de incumplimiento de las metas fiscales, tal como en 2024. Acá creemos necesario avanzar de forma prioritaria en dos líneas particulares de acción.

Para mejorar las capacidades del Ministerio de Hacienda en estimar y proyectar los ingresos, proponemos crear una Comisión (similar a la Corbo) con técnicos locales, representantes de organismos internacionales y del CFA, que revise las metodologías existentes y que haga propuestas para mejorar su proyección, transparencia y rendición de cuentas. En el intertanto, no deben comprometerse gastos sin certeza de los ingresos que se espera recibir.

Este año se fortaleció el CFA, lo que es bienvenido, pero para los próximos 20 años requerimos un CFA cuyos consejeros tengan dedicación exclusiva (símil al Consejo del Banco Central o de la CMF), con mejor acceso a información y nuevas responsabilidades, como pronunciarse sobre las proyecciones de ingresos fiscales y sobre los impactos fiscales de los proyectos de ley. Para que el CFA pueda cumplir con esto será necesario fortalecer sus equipos y entregarle más recursos, los que, en todo caso, serían modestos si se toma en cuenta la contribución que un CFA 2.0 podría hacer al país.

Felipe Larraín B.
Director Clapes UC Profesor titular Economía UC