Señor Director:

La Corte Suprema ha designado al ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Mario Gómez Montoya como nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Acompaño mis felicitaciones con una reflexión sobre los desafíos que enfrenta esta institución y la idoneidad de los perfiles que la integran.

Según nuestro informe “El Tribunal Constitucional abdica”, la tasa de acogimiento de acciones de inaplicabilidad cayó de un 86% en 2021 a un 30% en 2023, y las admisibilidades bajaron de un 82% a un 65%. Aunque pueden haber influido algunos cambios legislativos, es evidente que el Tribunal ha adoptado un rol menos activo como guardián de la Constitución y contrapeso democrático.


La decisión del Pleno de la Corte Suprema de designar a un juez ordinario en este cargo, en vez de un constitucionalista, plantea ciertas inquietudes. Mientras que un juez ordinario busca aplicar la ley, un juez constitucional debe evaluar la conformidad de la ley con la Constitución. Esta diferencia se vuelve más relevante cuando, por un lado, el rol institucional del Tribunal Constitucional está seriamente debilitado y, por otro, hay graves cuestionamientos al modo en que se llevan a cabo los nombramientos judiciales.

Espero que el ministro Gómez despeje estas dudas y contribuya a revitalizar el Tribunal, priorizando el resguardo de los derechos fundamentales y el equilibrio institucional del país.

José Miguel Aldunate
Director de Estudios Observatorio Judicial