En las últimas dos décadas, la institucionalidad fiscal ha mejorado significativamente, sin embargo, la sostenibilidad de las cuentas públicas muestra una tendencia contraria. Nos encontramos ante una situación fiscal compleja, y aunque aún podemos revertir el deterioro, el primer paso es moderar las promesas de gasto y reconocer que las reformas tributarias de la última década han fracasado rotundamente en sus objetivos de recaudación. El Gobierno debería enfrentar el problema y corregir el rumbo, pero no lo hace: mantiene las promesas sociales, sigue expandiendo la burocracia y plantea metas de recaudación poco realistas.

En columnas anteriores he planteado las causas de este deterioro. El boom de las materias primas generó inversión, crecimiento e ingresos fiscales hasta 2013; en ese momento, de forma errada, se consideró que era tiempo de redistribuir. El gasto fiscal mantuvo un ritmo expansivo, pero los ingresos no acompañaron esta tendencia, no solo por el menor dinamismo económico, sino también por errores en materia tributaria. Se desatendieron principios económicos básicos: en una economía abierta, los impuestos al capital terminan recayendo sobre el trabajo, no mediante una mayor recaudación, sino a través de una reducción en el crecimiento y la inversión, disminuyendo así la base tributaria de mediano plazo.

Para el actual gobierno es difícil transparentar este deterioro, en parte porque ellos mismos han sido responsables. Llevan más de una década sosteniendo que las finanzas públicas y las demandas sociales pueden solucionarse haciendo que quienes tienen más paguen más, a pesar de que tanto las tasas de Primera Categoría como las de Global Complementario para el reducido grupo que paga impuesto a la renta ya son bastante elevadas.

El fracaso de esta política es evidente en los resultados de recaudación. Más allá del error significativo en la estimación de ingresos tributarios para este año —todavía no explicado por el gobierno—, resulta interesante comparar las estimaciones de recaudación para 2025 hechas hace dos años con las actuales. En moneda de igual valor, en septiembre de 2022 el Ministerio de Hacienda proyectó una recaudación tributaria no minera para 2025 que superaba en US$ 4.400 millones la estimación actual, que sigue siendo optimista. Esta diferencia no se debe al rechazo de la reforma tributaria a inicios de 2023, ya que los proyectos no aprobados no pueden incorporarse en las proyecciones de mediano plazo. Algo alivian la situación los impuestos a la minería, que recaudarían el próximo año US$ 2.200 millones más de lo que se proyectó en 2022.

Una causa adicional del deterioro fiscal es que el gasto corriente no se ha ajustado a esta nueva realidad, estando US$ 4.700 millones por encima de lo que se consideraba hace dos años. La estimación de gasto en personal es US$ 2.400 millones mayor que la de hace dos años, mientras que el gasto en subsidios es US$ 2.100 millones más alto. Lamentablemente, se reduce el gasto en las transferencias de capital.

¿Por qué ha caído tanto la recaudación tributaria? La respuesta no es simple, pero se pueden identificar algunas causas. En primer lugar, el impuesto sustitutivo del FUT (ISFUT) fue una medida errada, ya que solo adelantó recaudación, otorgando además un beneficio injustificado a los sectores de mayores ingresos. Este impuesto recaudó US$ 9.000 millones entre 2015 y 2022, mejorando los resultados de esos años y empeorando los actuales, generando además la percepción errada de que las reformas tributarias no habían sido tan malas. Es preocupante que se mantenga esta lógica de “perdonazos” para mejorar la situación a corto plazo, enviando señales equivocadas a los contribuyentes. Otro error ha sido la proliferación de regímenes de impuesto a la renta —actualmente cinco—, que han generado una especie de "multi-RUT" tributario, complicando el sistema y afectando la recaudación. Finalmente, el crecimiento de la economía informal digital está reduciendo la base tributaria, un problema que no se resuelve enfocando los planes antievasión en los grandes contribuyentes.

Las lecciones son claras: necesitamos un sistema tributario simple, que cumpla con la equidad horizontal y vertical, y que promueva el ahorro y la inversión. La tasa de Primera Categoría no solo debe ser competitiva a nivel internacional, sino también uniforme y razonable para empresas de todos los tamaños. Debemos recuperar un sistema plenamente integrado, con una tasa corporativa baja y pareja, eliminar la proliferación de exenciones y reducciones, y lograr que todos contribuyan. Ya sabemos que esa receta sí recauda.

María Cecilia Cifuentes
Economista y académica