Hoy se discute en el Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2025. Como es bien sabido, el marco de este proyecto es uno de finanzas públicas apretadas. En efecto, las holguras fiscales para los años que vienen —la diferencia entre el gasto compatible con la meta de Balance Estructural fijada por el propio Gobierno y el gasto comprometido por ley— son muy pequeñas e incluso negativas, al menos hasta el horizonte de proyección de 2029. Ello hace difícil comprometer nuevos gastos permanentes y también reconstruir los ahorros fiscales en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), que son indispensables para enfrentar contingencias.

Al mismo tiempo, este presupuesto se discute en el marco de una reforma reciente a la Ley de Responsabilidad Fiscal, un proyecto iniciado por la segunda administración de Piñera que fue revisado y reimpulsado por el gobierno actual. El amplio acuerdo alcanzado para su aprobación es un reconocimiento político de que la adopción de la regla de balance estructural hace un par de décadas ha permitido mantener la deuda pública en niveles sostenibles y cumplir con los compromisos que el Estado ha adquirido, pero que ella se ha vuelto insuficiente. Los déficits fiscales casi continuos desde la crisis subprime de 2008-2009 y una deuda neta creciente son muestra de una tendencia preocupante que es importante controlar.

La nueva ley incorpora la exigencia a los gobiernos entrantes de establecer metas de Balance Estructural anuales –y no solo una meta de balance para el final del mandato—, además de un ancla de deuda de mediano plazo para el gobierno central, que la presente administración fijó en 45% del PIB.

También introduce una cláusula de escape, dando un marco normativo a desvíos excepcionales de la meta cuando circunstancias transitorias requieran de un cambio en el rumbo de la política fiscal. La ley establece un procedimiento para justificar y realizar las modificaciones necesarias y también para posteriormente volver a una trayectoria sostenible de las finanzas públicas. Hasta hoy no había regulación, ni respecto de las condiciones para ejercer esta facultad ni cómo se debía volver al marco previo.

Asimismo, la reforma eleva el estándar de los informes financieros que la Dirección de Presupuestos elabora para acompañar a los proyectos de ley que significan aumentos en gastos o cambios en ingresos. Los proyectos que tengan un impacto significativo en ingresos y/o gastos deben incorporar un análisis de largo plazo y, una vez implementadas las leyes respectivas, se debe realizar un seguimiento de tales proyecciones. Se establece también la obligación de publicar informes financieros consolidados que incluyan las modificaciones que se realizaron a un proyecto durante su tramitación.

A esto se agrega el fortalecimiento de las capacidades del Consejo Fiscal Autónomo, ampliando sus funciones, atribuciones y recursos. Al mismo tiempo se establece mayor transparencia en las evaluaciones de eficiencia del gasto.

Esta institucionalidad más robusta puede colaborar con una senda más sostenible de las finanzas públicas. Seguramente aún se puede avanzar más, en particular cerrando la asimetría que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo en la capacidad de construir y revisar proyecciones de ingresos y gastos, no solo cuando se discute la Ley de Presupuestos y el balance estructural.

Pero si bien la institucionalidad ayuda, contener la inercia que caracteriza el gasto fiscal en Chile y en todas las democracias del mundo requiere de acuerdos políticos también. Los espacios para recortes de gasto no son grandes, porque detrás hay compromisos adquiridos por ley con la ciudadanía. Para retirar algunos de ellos —los llamados “programas mal evaluados”—, se requiere de apoyos políticos transversales, pues ningún sector quiere pagar los costos políticos por sí solo. Crecer permanentemente más rápido, algo que también ayudaría a la consolidación fiscal, es algo que no se logra de un día para otro, en particular porque algunas medidas valiosas afectan a grupos de interés, por lo que también requieren de pactos políticos para su implementación.

En definitiva, recuperar la credibilidad del marco fiscal pasa por una institucionalidad más robusta, pero también por el esfuerzo técnico y político que se haga en su aplicación. Si bien, dado nuestro ordenamiento político, la responsabilidad final de aquello es del Ejecutivo, el buen uso de los recursos fiscales debe ser un compromiso de todos los actores, incluyendo el Congreso.