El exsubsecretario del Interior tiene el derecho a la presunción de inocencia. Mientras no se pronuncie la justicia, la denuncia de que ha sido objeto, por muy grave que sea, no es sinónimo de culpabilidad. Pero, dicho eso, la reacción que ha suscitado este caso no se explica solo por el carácter de dicha denuncia, sino por todos los antecedentes complementarios —incluidos los puntos de prensa del Presidente Boric y sus ministros— que han emergido en los últimos días. Un aspecto que requiere especial atención es la actuación de la PDI. La institución se encuentra entre las que más confianza generan en el país —en la última encuesta CEP aparece en el primer lugar—, y para mantener esos niveles debe ser especialmente cuidadosa en el ejercicio de sus funciones. Al respecto, dos exdirectores han enfrentado graves problemas en la justicia que, más allá de sus responsabilidades exclusivamente personales, revelaron también fallas institucionales, sobre todo de supervisión, que una organización compleja como esta no puede desatender.

Esas fallas también parecen estar presentes en este caso. Sus actuaciones han dejado de manifiesto, o la inexistencia de protocolos claros, o una falta de profesionalismo inadmisible en un organismo de esta naturaleza. Desde luego, frente a una solicitud a todas luces de carácter personal del entonces subsecretario, la que involucraba periciar las cámaras de un hotel, la institución debió haberse negado terminantemente, solicitando, por lo menos, un pronunciamiento por escrito que dejara en claro que se justificaba tal procedimiento por razones de inteligencia. El cuestionamiento que se está haciendo de la jefa de Inteligencia es el eslabón menor de las insuficiencias organizacionales que esta forma de proceder revela. Normas precisas para peticiones de esta naturaleza existen en la experiencia comparada, porque en la relación entre las autoridades civiles y policiales, a propósito del carácter de la labor realizada, emergen complicidades personales que son inevitables y de ahí la recomendación de disposiciones que impidan que ellas transgredan el correcto funcionamiento institucional.

Tampoco resulta del todo pertinente que, en medio de una investigación del Ministerio Público, corresponda que el director de la policía civil presente, de manera informal, a la ministra del Interior los alcances de la situación que se le ha encargado indagar. El jefe policial ha aclarado, además, que no solo no informó a la fiscalía de esa decisión, sino que tampoco pidió autorización. Por supuesto, es una situación compleja, por la dependencia que tienen las policías de esa repartición pública, pero, aun así, su primera obligación era para con la investigación solicitada, toda vez que como parte de ella resultaba evidente que la fiscalía eventualmente debería interrogar a personas que eran subalternas del entonces subsecretario e, indirectamente, de la ministra. El temor a las repercusiones políticas de un caso como este puede ayudar a explicar la decisión del director de Investigaciones, pero no es su función y menos su responsabilidad evaluarlas.

Para más abundamiento, en alguna de sus primeras declaraciones como subsecretario del Interior, Luis Cordero señaló que los videos de las cámaras no han sido alterados. Es muy probable que esa información la haya recibido precisamente de Investigaciones, a la cual, dado su involucramiento en este caso y aunque tenga la convicción de que está en lo correcto, no le corresponde asegurar tal cosa y menos comunicársela a la autoridad política. Es un asunto que le compete a la fiscalía, sobre todo teniendo en mente que la PDI acogió una solicitud que debió haber rechazado y, por tanto, tiene un conflicto de interés evidente. Son estos riesgos los que hacen indispensable asegurar que las actuaciones de las policías se rijan por criterios exigentes, ampliamente discutidos y divulgados a la opinión pública. En caso contrario, la informalidad se apodera de las relaciones entre las autoridades políticas y estas instituciones, algo que es muy negativo para la fe pública. En suma, la actuación de la PDI en este caso genera más dudas que certezas, por lo que es indispensable que se definan normas más exigentes y precisas en la relación entre la autoridad política y las policías.