Señor Director: Con gran sorpresa leí la carta (ayer) de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental rebatiendo las conclusiones de nuestro estudio, construido en base a datos requeridos y obtenidos por Ley de Transparencia a su Servicio, ya que los datos no estaban íntegramente en línea. El plazo máximo previsto en la ley para un Estudio de Impacto Ambiental es de 120 días hábiles, extensible a 180. En 2023, para la aprobación favorable de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se requirieron 985 días corridos en promedio. No es sorprendente que los plazos reales sean mayores a los proyectados. Eso es un dato. Lo preocupante es que no se avance en los proyectos. Cuando las suspensiones representan dos tercios del tiempo efectivo, esto se transforma en un problema y la razón se torna casi irrelevante.

En vez de buscar argumentos semánticos, para dar solución a este desafío lo primero es reconocer dónde existen espacios de mejora. Las suspensiones corresponden en general a requerimientos de información, solicitados discrecionalmente por organismos públicos. Este es uno de los principales escollos de la tramitología. Incluir una fase previa que delimite la información a solicitar antes del ingreso de un proyecto a evaluación puede ser una forma efectiva de mitigar este gran costo que limita nuestro desarrollo.

Cristóbal De La Maza
Académico USS
Exsuperintendente de Medio Ambiente