Existe consenso político, técnico y empresarial en la necesidad de reformar el actual sistema de evaluación ambiental para el desarrollo de proyectos de inversión. A la vez, es ampliamente aceptado que la actividad económica debe ser sostenible, conciliando el crecimiento con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas.

Lamentablemente, pese a estos consensos, no hay un acuerdo político para modificar de manera estructural el sistema actual. El proyecto de reforma al SEIA que se discute en el Congreso tiene algunos elementos interesantes y otros peligrosos, pero claramente no resolverá el problema de falta de velocidad y discrecionalidad de la tramitación. Se necesita una reforma profunda, repensando el sistema desde cero y aprendiendo de otros países y de la propia experiencia chilena.

Un nuevo marco regulatorio e institucional medioambiental —que equilibre el cuidado del medio ambiente, el bienestar de las personas y el desarrollo económico— se debe construir sobre tres pilares clave.

En primer lugar, Chile debe avanzar en la creación de una base de normas claras que den indicadores objetivos y medibles a los inversionistas y reguladores, alineados con estándares internacionales. Asimismo, contar con un catálogo de requisitos ambientales, tales como emisiones y consumo de agua —basados en referencias mundiales—, evitaría que requerimientos relevantes dependan únicamente del funcionario de turno. Esto reduciría la discrecionalidad y el análisis caso a caso en la tramitación ambiental, aportando transparencia y estabilidad jurídica.

Segundo, es crucial reorganizar el proceso de participación ciudadana aumentando y mejorando la información y definiendo tempranamente las partes involucradas. Nuestra legislación permite, en la práctica, que terceros absolutos, incluso con domicilio internacional, sean parte de los procesos de participación de proyectos nacionales (por ejemplo, una ONG internacional cuyo financiamiento es desconocido y que incluso podría provenir de competidores globales de quienes quieren desarrollar el proyecto). También permite que terceros, sin haber sido parte formal del proceso, impugnen los permisos otorgados, aumentando la incertidumbre.

Así, se necesita un mecanismo de precalificación, donde solo quienes se vean objetivamente impactados puedan participar. De esta manera se garantiza un proceso más transparente y centrado en quienes realmente tienen un interés legítimo, donde el inversionista, en conjunto con el regulador y quienes participan del proceso, trabajen en mitigar aquellos impactos que hayan sido identificados y que sea razonable abordar.

Por último, para atraer nuevas inversiones se debe aumentar la seguridad jurídica de las autorizaciones administrativas obtenidas, reduciendo la posterior judicialización. La creciente judicialización genera un problema práctico, ya que los grandes proyectos requerirían esperar a que exista una sentencia a firme de la Corte Suprema. Por ejemplo, el proyecto forestal Mapa de Arauco demoró 10 años en su tramitación y requirió tres fallos distintos de la Corte Suprema.

Un nuevo sistema de evaluación ambiental debiese garantizar que la validez de una autorización no dependa de un proceso judicial posterior. Es fundamental proteger el derecho de los ciudadanos que, tras haber participado en el proceso de tramitación, consideren que sus derechos no han sido debidamente resguardados para que puedan recurrir a los tribunales. Sin embargo, la consecuencia de un fallo favorable al reclamo debería gatillar la obligación de indemnización de perjuicios y no la invalidez de todo el proceso de autorizaciones y permisos.

Solo repensando un nuevo sistema de evaluación de proyectos que entregue verdadera certeza jurídica y dé confianza a los inversionistas, reguladores y comunidades, habremos dado un paso significativo a retomar el crecimiento.

El Estado —a través de sus organismos regulatorios y autoridades— debe comprender que su función también es generar desarrollo y atraer inversiones, ya que a veces algunos ven su rol como de contención y no de impulso.

Óscar Hasbún
Vicepresidente de Sofofa