Transcurridos cinco años de la crisis de octubre de 2019, resulta evidente que sus efectos económicos han sido duraderos. Cualquiera sea la hipótesis que busque explicar lo sucedido, son numerosos los indicadores que muestran los retrocesos experimentados en este lustro. Por cierto, todo análisis debe incorporar también los efectos de la pandemia, cuyas consecuencias económicas e institucionales fueron inmensas. Distinguir ambos fenómenos es muy complejo, no solo por el tamaño de la crisis sanitaria, sino también porque muchas de las políticas implementadas durante el covid no se entienden sin considerar la crisis política y social que vivía el país. La pérdida de poder político del gobierno del Presidente Piñera y la inusitada presión de la entonces oposición están en la base de las excesivas restricciones sanitarias que se implementaron, del aumento desmedido del gasto fiscal y de los retiros previsionales, por nombrar algunas de las medidas con consecuencias macroeconómicas e institucionales de primer orden.

Los hechos de octubre de 2019, en sí mismos, generaron una rápida salida de capitales, que se tradujo en una depreciación significativa del peso y en una recomposición de los portafolios de los inversionistas locales hacia activos externos. Este fenómeno se profundizó a medida que el proceso constitucional acordado como fórmula de salida a la crisis política avanzó, y ha significado un aumento en los activos en el exterior por varias decenas de miles de millones de dólares. A su vez, la presión de gasto que se inició entonces —sustentada en la consigna de que los recursos fiscales eran cuantiosos y que no habían sido usados por una mal entendida austeridad— se amplificó luego con la pandemia. Es imposible saber cuánto hubiese sido el aumento de la deuda pública sin el covid, pero con la crisis social se validó una política fiscal de transferencias que ha significado un cambio de primer orden en la solvencia del país y en su capacidad de enfrentar nuevas crisis.

En cuanto al proceso constitucional y el modo en que este se desarrolló, su impacto aún hoy sigue sintiéndose. Aunque el rotundo rechazo del proyecto elaborado por la Convención e impulsado por el actual gobierno generó un cambio de ánimo económico, persiste un alto nivel de incertidumbre y de pesimismo respecto del futuro. Así lo manifiestan las personas en diferentes encuestas, y también se refleja en bajos niveles de inversión y empleo, todavía por debajo de la tendencia previa a 2019. Todo ello ha repercutido en un alza en los costos de financiamiento, especialmente en el mercado hipotecario y para empresas de menor calificación de riesgo.

La idea de que los 30 años de desarrollo en Chile no fueron tales ha quedado en evidente desprestigio, pero sigue existiendo una confusión respecto de qué políticas económicas favorecen el desarrollo y las oportunidades. Corresponde a los liderazgos reencauzar la discusión, para retomar un camino de progreso.