A raíz de los últimos escándalos de corrupción que involucran al Poder Judicial y a numerosos abogados, me parece oportuno recordar algunos antecedentes que ayudan a explicar este triste espectáculo.

Las reformas macroeconómicas de la primera etapa del Gobierno Militar llevaban aparejadas una modernización intelectual y analítica muy significativa, que elevó drásticamente el nivel de la discusión en muchos tópicos, dejando obsoletos argumentos de políticas públicas que no pasaban de ser vacíos eslóganes. Si bien esto se reflejó principalmente en temas económicos, el enfoque más metódico también se esparció a otras áreas.

Además, para la adecuada implementación de la política económica fue necesario dictar nuevas leyes, reglamentos y diseñar sistemas de control sobre los diversos sectores de la economía. Un ejemplo de esto fueron las reformas encabezadas por José Piñera E. en las áreas laboral, previsional y minera: intelectualmente rigurosas, profundas y enteramente consistentes con la política económica general.

Desgraciadamente, en algunos sectores clave, como salud y educación, esta adecuación se pudo hacer solo muy parcialmente, con negativas consecuencias que sufrimos hasta hoy.

En el proceso antes descrito ocurrió un evento trágicamente negativo: por razones políticamente insalvables y los siempre presentes intereses de grupos, hubo un sector clave que quedó fuera del proceso modernizador, y que fue todo el sector justicia, con sus instituciones, enseñanza del Derecho y prácticas legales.

Si bien se dictaron leyes, su aplicación quedó anclada a lógicas del pasado. Y aunque más recientemente hubo algunos avances, como la Reforma Procesal Penal, no se mejoró el criterio analítico sobre el cual debiera sustentarse un mejor sistema de justicia.

Nuestra cultura legal está tan atrasada que en años recientes se ha podido observar que importantes empresas nacionales han sido castigadas con cuantiosas multas en sistemas legales de países desarrollados y aquí prácticamente no han sido objeto de reproche. Y para qué hablar en temas de compliance. Esto también ocurre en campos ajenos al económico.

Las soluciones que se mencionan, como cambios a los métodos de nombramiento de jueces, son parciales y no atacan el fondo: se requiere elevar el nivel de rigor intelectual en todas las dimensiones del sistema legal, lo que exige fuertes cambios en el Poder Judicial, tribunales especiales, Ministerio Público, organismos regulatorios, etcétera. Esto debería llevar a subir el estándar de la práctica privada del Derecho, hoy igualmente desprestigiada, como también el nivel de su enseñanza en las universidades.

¿Cómo se arregla todo esto? Analicemos las reformas que se hicieron hace más de 40 años y veamos lo que enseñan respecto de lo que se requiere: ideas claras con rigor intelectual, fuerte liderazgo, coraje y, por cierto, una persona que dirija el proceso.

Se dirá que con nuestro sistema político es imposible y que no hay alguien con esas cualidades. Bueno, hace décadas las hubo y es difícil encontrarlas, pero hay que hacer el esfuerzo de buscarlas. También argumentarán que las instituciones del régimen militar eran distintas. Eso es cierto en lo formal, pero sin duda que en cualquier régimen los intereses poderosos opuestos a las reformas se las arreglan para ejercer las presiones necesarias y aquello igualmente ocurrió en esa época.

La gravísima corrupción recientemente sacada a la luz pública, que no es más que una vieja historia, tiene mucho que ver con lo tratado en estas líneas y su completa erradicación debería ser parte de esta urgente modernización. Sin duda un sistema legal obsoleto y corrupto como el que tenemos es uno de los factores más importantes para explicar nuestro pobre desempeño en el crecimiento económico.

Manuel Cruzat Infante