A cinco años de la revuelta de 2019, seguimos sin entender la naturaleza de lo sucedido, o cuáles fueron sus causas. No cabe esperar respuestas definitivas, que nunca las habrá, pues los historiadores revisarán una y otra vez lo ocurrido, con nuevas preguntas, nuevas evidencias y metodologías distintas. ¿Fue simplemente un “estallido social” como respuesta a un descontento contra el modelo de desarrollo? ¿Fue la desigualdad su causa principal? ¿O el objetivo era destruir las instituciones capitalistas y el crecimiento económico? ¿Fue espontáneo o bien tuvo un grado importante de organización y planificación? ¿Qué papel jugaron los movimientos sociales reunidos en la Mesa de Unidad Social bajo la influencia preponderante del Partido Comunista?

Las causas de los eventos históricos relevantes habitualmente son múltiples, e incluyen aspectos institucionales, constitucionales, políticos, culturales, sociales, demográficos, económicos y otros relacionados con la evolución de las ideas y de los climas de opinión.

En la actualidad, se ha tendido a simplificar el diagnóstico. Por una parte, la izquierda se aferra a un relato, útil para sus propósitos, con la intención de legitimar su actuar en 2019, e insiste en que, en lo fundamental, fue un movimiento de resistencia ciudadana pacífica, motivado por un malestar justificado por las condiciones oprobiosas creadas por el “neoliberalismo”. Con ello, se tiende implícitamente a minimizar, y en cierto modo justificar, la violencia sin precedentes que hemos experimentado.

Tampoco es fácil entender lo ocurrido sin un contexto de crisis global de la democracia, un profundo desprestigio de sus instituciones fundamentales y un régimen político incapaz de garantizar gobernabilidad.

Por otra parte, la base de legitimidad del sistema económico, que es la meritocracia, fue vulnerada por prácticas como el uso de información privilegiada, la colusión, la mala atención a los clientes y las evasiones tributarias, que abiertamente contrariaron las promesas de la economía de mercado, a saber, la igualdad como consumidores y la competencia sobre la base de precios, calidad e innovación, entre otras. Este clima proveyó la incubadora perfecta para los sentimientos antiempresariales, azuzados por la izquierda: la rabia, la frustración e incluso el odio, que ahora, además, tienen la posibilidad de expresarse masivamente, sin intermediarios, en las redes sociales.

Tampoco nos ilumina sugerir que todo respondió a maniobras planificadas, las cuales —al margen de que ciertamente la revuelta de octubre no fue un movimiento meramente espontáneo— no alcanzan a explicar la extensión y profundidad de la disrupción ocurrida. Es más, no entender los complejos y agudos problemas que ha enfrentado el país como parte del proceso de modernización incompleto, inconcluso y deliberadamente interrumpido por el advenimiento de la Nueva Mayoría; el cambio de prioridades que sacrificó el crecimiento, poniendo en jaque a una nueva clase media más educada, pero frágil, precaria, recién salida de la pobreza y que debió enfrentar falta de empleos y el estancamiento de los salarios. Simultáneamente, en el intento por reconstruir la sociedad a partir de una idea única (la igualdad) y refundar el país bajo parámetros iliberales, se ignoró a cientos de chilenos aún viviendo bajo la pobreza, sin nada que ganar y nada que perder.

Tampoco se puede explicar la virulencia de la crisis sin considerar que la oposición, y no solamente la izquierda radical, fue en muchos casos ambigua frente a la violencia y en otros, cómplice activa. Es imposible descartar que el verdadero objetivo fue la destitución del gobierno, que ello puso en riesgo la estabilidad democrática y que muchos factores entonces presentes perduran incluso hasta hoy.